Xalapa, Veracruz.– La paciencia de los ex trabajadores del extinto Seguro Popular volvió a agotarse frente a Palacio de Gobierno. Entre consignas, pancartas y bloqueos intermitentes sobre la avenida Juan de la Luz Enríquez, decenas de afectados denunciaron que el gobierno estatal continúa incumpliendo el pago de laudos laborales que, aseguran, ganaron legalmente desde hace más de nueve años.
La protesta, encabezada por integrantes del sindicato de trabajadores del desaparecido sistema de salud, exhibió nuevamente un conflicto que se ha convertido en símbolo del desgaste burocrático y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia laboral en Veracruz.
Ángel Carrera Ramírez, secretario general del sindicato, señaló que aún existen alrededor de 80 ex empleados pendientes de recibir el pago correspondiente, pese a que los laudos fueron resueltos desde 2017 tras un largo proceso jurídico iniciado por 127 afectados luego de la desaparición del Seguro Popular.
El dirigente acusó que el gobierno estatal pretende imponer condicionamientos para cubrir adeudos que ya cuentan con resolución firme, mientras 22 trabajadores ni siquiera han sido considerados dentro de los pagos, aun cuando aparecen incluidos en las resoluciones emitidas por la autoridad laboral competente.
“La crisis ya no es solamente económica; también es moral y social”, expresó durante la manifestación, al tiempo que reconoció el desgaste físico y emocional que ha significado casi una década de litigios, promesas y mesas de negociación sin resultados definitivos.
El bloqueo parcial de una de las principales arterias del centro de Xalapa elevó la presión sobre las autoridades estatales, particularmente sobre las dependencias responsables de liberar recursos para cumplir con las sentencias laborales.
Por su parte, el asesor jurídico del movimiento, José Luis Jiménez Rodríguez, aseguró que existen indicios de trabas internas dentro del aparato gubernamental que han impedido concretar los pagos ya acordados. Aunque evitó señalar responsables directos, sostuvo que “pareciera existir una instrucción superior” para retrasar el cumplimiento de los laudos.
El abogado afirmó que incluso los propios trabajadores aceptaron reducir parte de los montos que les corresponden legalmente con tal de agilizar los acuerdos y evitar un mayor impacto financiero para el Estado, pero ni siquiera esas concesiones habrían permitido avanzar.
Según explicó, en reuniones realizadas ante la Secretaría del Trabajo participaron representantes de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Finanzas, dependencias encargadas de solicitar y autorizar los recursos; sin embargo, acusó que el proceso terminó atrapado entre retrasos administrativos y deficiencias burocráticas.
Uno de los señalamientos más delicados surgió cuando el representante legal afirmó que ya existía recurso presupuestado y autorizado para pagar a parte de los afectados, pero el dinero “simplemente desapareció” sin que hasta ahora exista claridad sobre su destino.
“No sabemos quién lo tomó ni por qué no se ejerció para lo que estaba destinado”, sostuvo, aumentando el nivel de cuestionamientos sobre el manejo interno de los recursos públicos destinados a resolver el conflicto.
Mientras el gobierno estatal mantiene silencio, los ex trabajadores advierten que continuarán las movilizaciones hasta obtener una respuesta definitiva. La protesta dejó al descubierto un problema que, lejos de resolverse, se ha prolongado durante casi una década y que hoy vuelve a golpear la credibilidad institucional en Veracruz.
Redacción Reportaje Veracruzano
