¿PODER, IMPUNIDAD Y VIOLENCIA EN SEGOB? Señalan a directora ligada al círculo político de Morena por presuntas agresiones y amenazas en Xalapa
Xalapa.— Lo que debía ser una rutina administrativa dentro de la Secretaría de Gobierno de Veracruz terminó convertido en un escándalo que vuelve a colocar bajo sospecha las entrañas del aparato burocrático estatal. Esta vez, la acusación no proviene de adversarios políticos ni de la oposición: surge desde dentro de la propia estructura gubernamental.
Litzy Rubí Ronzón Montiel, jefa del Departamento de Estadística Catastral de la Dirección General de Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno, denunció públicamente a su superior, Rachel Guadalupe Hernández Domínguez, por presuntas agresiones físicas, amenazas y actos de intimidación laboral que, de confirmarse, exhibirían una peligrosa cultura de abuso de poder dentro de una dependencia que debería garantizar gobernabilidad y legalidad.
La denuncia sacudió el centro político xalapeño luego de que la funcionaria relatara en conferencia de prensa que el pasado 4 de mayo, tras una reunión institucional, fue presionada para firmar una supuesta “renuncia voluntaria”. Según su testimonio, al negarse a rubricar el documento, la directora general reaccionó violentamente, sujetándola del brazo e impidiéndole abandonar la sala.
Pero el señalamiento va más allá de un presunto altercado físico. Lo verdaderamente explosivo es el trasfondo político que rodea el caso. Versiones difundidas en el entorno gubernamental apuntan a que la funcionaria denunciada se sentiría respaldada por presuntos vínculos de poder ligados al círculo político de Morena, lo que ha encendido cuestionamientos sobre posibles redes de protección e impunidad dentro del gobierno estatal.
La acusación golpea particularmente a una administración que ha insistido en proyectar un discurso de defensa de las mujeres y combate a la violencia de género. Porque si las instituciones públicas se convierten en espacios donde presuntamente se obliga a trabajadores a renunciar mediante intimidación, entonces el problema deja de ser un conflicto interno y se transforma en un síntoma estructural de degradación política.
Ronzón Montiel aseguró además que existe un video de los hechos y que éste ya circula públicamente. La gravedad del señalamiento obliga a las autoridades a actuar con rapidez y transparencia. No se trata únicamente de determinar responsabilidades administrativas: se trata de esclarecer si dentro de la Secretaría de Gobierno operan prácticas de coerción, abuso jerárquico y presión laboral incompatibles con cualquier Estado democrático.
La denunciante pidió la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle y del secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil, además de solicitar medidas cautelares ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El silencio institucional frente a este tipo de denuncias suele convertirse en un mensaje devastador: que el poder puede aplastar sin consecuencias. Y esa percepción resulta todavía más delicada cuando la acusación ocurre dentro de un gobierno que prometió erradicar precisamente los abusos del viejo sistema político.
Hoy la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en aquella sala de juntas. La verdadera interrogante es mucho más incómoda: ¿hasta dónde llega la protección política dentro de ciertas áreas del gobierno veracruzano y cuántos servidores públicos han guardado silencio por miedo a perder el empleo?
Porque cuando una trabajadora afirma públicamente temer por su integridad física, emocional y laboral, el asunto deja de ser burocrático. Se convierte en una prueba de fuego para un gobierno que deberá demostrar si está dispuesto a investigar a todos por igual… o si existen nombres que continúan siendo intocables.
Redacción Reportaje Veracruzano
