¿Quién retiró los 30 mil pesos? Exigen investigar presunto faltante en cuenta de beneficiaria del Banco del Bienestar en Oluta
La confianza depositada por miles de ciudadanos en los programas sociales volvió a quedar bajo cuestionamiento tras la denuncia pública presentada por familiares de una beneficiaria del Banco del Bienestar en Oluta, quienes exigen respuestas claras sobre el presunto retiro irregular de 30 mil pesos de una cuenta destinada a apoyos gubernamentales.
La afectada es Teresa Guerrero Sánchez, de 65 años de edad, beneficiaria de programas federales, cuyos familiares señalan que el dinero desapareció de su cuenta sin autorización y sin que, hasta el momento, exista una explicación convincente por parte de la sucursal bancaria.
De acuerdo con María Elena Alcántara Guerrero, hija y cuidadora de la beneficiaria, el problema comenzó desde 2024 cuando su madre fue incorporada al programa de pensión por discapacidad. Sin embargo, asegura que nunca recibió la tarjeta bancaria correspondiente, situación que le impidió disponer libremente de los recursos acumulados y la obligó a depender de órdenes de pago temporales.
Posteriormente, al incorporarse al programa para Adultos Mayores, la situación no mejoró. Los apoyos continuaron llegando de manera irregular debido a la ausencia del plástico bancario, mientras los recursos seguían acumulándose en la cuenta.
Fue tras meses de insistencia cuando la familia decidió solicitar un estado de cuenta detallado. Según la denunciante, la gerente de la sucursal, Anayeli Duncan Martínez, habría mostrado resistencia para proporcionar la información, entregándola únicamente después de reiteradas exigencias.
La sorpresa llegó al revisar los movimientos bancarios: apareció un retiro por 30 mil pesos realizado el pasado 19 de marzo, operación que la familia asegura desconocer completamente.
Los familiares sostienen que el único retiro legítimo fue uno posterior, por 20 mil pesos, efectuado el 26 de marzo. Precisamente durante esa gestión detectaron que las cifras no coincidían con los depósitos que debían encontrarse disponibles, iniciando entonces los cuestionamientos sobre el destino del dinero faltante.
La acusación escala a un nivel aún más delicado. María Elena asegura que ella es la única persona autorizada para realizar trámites relacionados con la cuenta debido a la condición de discapacidad de su madre, por lo que sospecha que su firma pudo haber sido falsificada para autorizar el cobro de los recursos desaparecidos.
El caso abre interrogantes que demandan respuestas inmediatas: ¿quién realizó el retiro?, ¿existen registros de identificación, videograbaciones o documentación que respalden la operación?, ¿se siguieron los protocolos de seguridad establecidos para proteger los recursos de una persona en condición vulnerable?, ¿por qué la beneficiaria nunca recibió oportunamente su tarjeta bancaria?
Mientras estas preguntas permanecen sin respuesta, la familia exige la intervención de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido, deslindar responsabilidades y garantizar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables lleguen íntegramente a quienes realmente les corresponden.
Por ahora, la denuncia pública coloca bajo escrutinio la actuación de la sucursal del Banco del Bienestar en Oluta y deja sobre la mesa una exigencia elemental: transparencia total en el manejo del dinero de los beneficiarios.
Redacción Reportaje Veracruzano
