Solo tres padres avalaron cuotas de casi dos millones para casi mil alumnos en la ESBO 8; tutores exigen intervención de la SEV
Poza Rica, Ver.– Con la firma de apenas tres padres de familia, la Escuela Secundaria y de Bachilleres Oficial (ESBO) No. 8 “Emiliano Zapata” formalizó las cuotas escolares del ciclo 2026-2027. La minuta firmada por la subdirectora y encargada del plantel, Elizabet Montes Trujillo, documenta una reunión a la que asistieron únicamente esos tres tutores, la autoridad escolar y una trabajadora administrativa. El acuerdo afecta a una matrícula estimada de 945 estudiantes y proyecta una recaudación cercana a 1 millón 937 mil pesos.
El documento establece aportaciones de 2 mil pesos para alumnos de primero y segundo grado, y de 2 mil 150 pesos para los de tercero, monto que incluye el pago del salón de la ceremonia de graduación. Aunque se les denomina “voluntarias”, la misma minuta exige el comprobante original del depósito y dos copias como requisito de inscripción. Padres de familia ven en esa exigencia un condicionamiento disfrazado: se habla de voluntariedad, pero se impone el papel oficial para completar el trámite.
La decisión se tomó sin referencia alguna a una Asamblea General de la Asociación de Padres de Familia, sin constancia de quórum y sin registro de votación formal. En la minuta también se informa que el presidente de la APF, Miguel Ángel Zumaya, dio a conocer un nuevo número de cuenta bancaria y que más adelante se designará un tesorero para mancomunarla. No se precisa si ese cambio de cuentas recibió aval de la asamblea.
Los inconformes recuerdan que la Ley General de Educación establece que las aportaciones de los padres son voluntarias y que el acceso a la educación pública no puede subordinarse a su pago. El Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, por su parte, limita las facultades de estas organizaciones y les prohíbe intervenir en asuntos administrativos de los planteles. Una reunión de tres personas no puede, argumentan, sustituir los mecanismos de representación y transparencia que la norma exige cuando se trata de recursos que suman casi dos millones de pesos.
Ante lo que consideran una irregularidad flagrante, los padres demandan que la Secretaría de Educación de Veracruz investigue el procedimiento y determine si se respetó la normatividad vigente. También piden la intervención inmediata de Víctor Manuel Cortés Barra, supervisor de la Zona Escolar 609, para revisar la actuación de las autoridades del plantel y de la Asociación de Padres de Familia. El objetivo, afirman, es garantizar que el proceso de inscripción y reinscripción se desarrolle sin coacciones y sin poner en riesgo el derecho de los alumnos a recibir educación pública.
La pregunta que queda abierta es sencilla y contundente: ¿cómo puede una decisión que impacta a casi mil familias y moviliza cerca de dos millones de pesos legitimarse con la firma de tres padres?
Redacción Reportaje Veracruzano
