Cuando el cateo se convierte en agravio: los operativos que se celebran en conferencias, pero las presuntas víctimas denuncian en silencio
Cosoleacaque, Ver.— Cada vez que las autoridades anuncian un cateo exitoso, el discurso institucional suele destacar aseguramientos, detenciones y el combate a la delincuencia. Sin embargo, existe otra cara de estos operativos que pocas veces aparece en los comunicados oficiales: la de ciudadanos que afirman haber sido afectados durante las intervenciones y que, aseguran, enfrentan un camino cuesta arriba para obtener justicia.
Ese contraste vuelve a colocarse bajo los reflectores tras una denuncia presentada por una familia de la colonia El Naranjo, en Cosoleacaque, cuyos señalamientos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y deberán ser investigados conforme a la ley.
De acuerdo con la denuncia, elementos de la Policía Estatal presuntamente ingresaron a un domicilio sin autorización judicial ni consentimiento de sus ocupantes. Los denunciantes sostienen que durante la intervención hubo detonaciones de arma de fuego, amenazas, agresiones físicas y el aseguramiento de teléfonos celulares que, según su versión, impedían documentar lo ocurrido.
Entre los señalamientos más delicados figura la presunta agresión contra una mujer embarazada, quien habría requerido atención médica tras presentar un sangrado, así como la supuesta intimidación con arma de fuego contra una persona adulta mayor. También se denuncian presuntas agresiones físicas contra otros integrantes de la familia y la afirmación de que algunos elementos aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol, un aspecto que únicamente podrá confirmarse o descartarse mediante una investigación oficial.
Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911 y posteriormente denunciados ante las instancias correspondientes, incluyendo la Fiscalía, Asuntos Internos y autoridades federales, con el propósito de que se deslinden responsabilidades.
Más allá de este caso en particular, la denuncia abre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando un operativo policial termina afectando a personas que afirman no tener relación con actividades delictivas?
En Veracruz, las autoridades suelen informar sobre cateos exitosos, armas aseguradas, droga decomisada y presuntos delincuentes detenidos. No obstante, rara vez se informa si durante esos operativos hubo daños a viviendas, afectaciones a terceros, errores de procedimiento o reparaciones del daño cuando posteriormente se acredita que hubo actuaciones indebidas.
La rendición de cuentas no puede limitarse a presumir resultados. En un Estado de Derecho, el éxito de un operativo también se mide por el respeto irrestricto a las garantías constitucionales. Combatir el crimen y proteger los derechos humanos no son objetivos incompatibles; son obligaciones que deben cumplirse de manera simultánea.
Si las investigaciones confirman que existieron excesos o abusos, corresponderá a las autoridades sancionar a quien resulte responsable y garantizar la reparación integral del daño a las presuntas víctimas. Si, por el contrario, los hechos denunciados no se acreditan, también deberá hacerse público para evitar condenas anticipadas.
La presunción de inocencia no solo protege a las personas investigadas por un delito; también obliga a que las acusaciones contra servidores públicos sean esclarecidas mediante investigaciones serias, objetivas e imparciales.
Porque una democracia no se fortalece únicamente capturando delincuentes. También se fortalece cuando el poder acepta ser investigado, cuando los abusos no quedan ocultos detrás de un boletín oficial y cuando la justicia alcanza a todos, incluidos quienes portan un uniforme.
Redacción Reportaje Veracruzano
