Desafuero bajo la sombra del caso Roxana: Fiscalía apunta ahora a dos alcaldes y lleva la investigación al terreno político
Xalapa, Ver.— La investigación por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán acaba de escalar a un nivel que podría redefinir el alcance del caso. La Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso de Veracruz el juicio de procedencia —conocido como desafuero— contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.
Aunque las autoridades mantuvieron inicialmente bajo reserva las identidades de los funcionarios involucrados, fuentes del propio partido confirmaron que ambos ediles ya fueron notificados formalmente y cuentan con siete días hábiles para presentar por escrito su defensa o comparecer ante la Comisión Instructora del Congreso. El plazo concluye el próximo 28 de julio.
El expediente que concentra mayor atención es el del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, cuya presunta relación con el asesinato de Roxana Guzmán coloca a la investigación en un escenario de alta sensibilidad política y judicial.
De acuerdo con la Fiscalía, un testigo declaró que el presidente municipal habría establecido comunicación con un líder criminal de la región para ordenar la privación ilegal de la libertad de la periodista. La hipótesis ministerial sostiene que el móvil estaría relacionado con una fotografía en la que presuntamente aparecía el edil portando un arma larga, imagen que habría generado preocupación por su difusión.
Si estos señalamientos logran sostenerse con pruebas durante el procedimiento legislativo y penal, el caso dejaría de ser únicamente una investigación contra operadores criminales para adentrarse en un posible entramado donde el poder político y la delincuencia organizada convergen, una línea de investigación que inevitablemente incrementa el interés público y la exigencia de transparencia.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que, una vez vencido el plazo de defensa, la Comisión Instructora programará la audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos. Posteriormente elaborará un dictamen que, en caso de ser procedente, será sometido a votación del Pleno para determinar si los alcaldes pierden la inmunidad procesal.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Elena Córdova pidió que el procedimiento no se utilice con fines políticos, aunque dejó claro que su bancada no protegerá a ningún servidor público que resulte responsable de algún delito.
Por su parte, el diputado Esteban Bautista señaló que los funcionarios tienen derecho a designar abogados y ejercer plenamente su defensa durante el procedimiento.
Mientras tanto, el caso Roxana Guzmán continúa avanzando. Hasta el momento, ocho personas ya han sido vinculadas a proceso por su presunta participación en el crimen que conmocionó al gremio periodístico veracruzano.
La solicitud de desafuero representa uno de los movimientos institucionales más relevantes desde que inició la investigación y podría marcar un punto de inflexión en un expediente que ha puesto bajo escrutinio no sólo a presuntos integrantes de grupos criminales, sino ahora también a figuras con responsabilidad pública. La resolución del Congreso será determinante para establecer si las acusaciones trascienden el ámbito de la sospecha y permiten que la justicia actúe sin el obstáculo de la inmunidad constitucional.
