«NO ES NADA»: LA FRASE QUE DESATÓ LA TORMENTA POLÍTICA TRAS EL CRIMEN DE ROXANA GUZMÁN
Entre la indignación y la contención institucional, Veracruz enfrenta una pregunta incómoda: ¿cuántos periodistas asesinados son suficientes para encender todas las alarmas?
Xalapa, Ver.- En un estado marcado históricamente por la violencia contra la prensa, una frase pronunciada desde el corazón del poder legislativo veracruzano ha comenzado a resonar con fuerza entre periodistas, organizaciones civiles y defensores de la libertad de expresión: «esto no es nada a comparación de otros años».
La declaración fue realizada por la diputada local Bertha Ahued Malpica, presidenta de la Comisión de Atención a Periodistas del Congreso de Veracruz, al referirse al asesinato de la reportera Roxana Guzmán y a los recientes homicidios de comunicadores ocurridos en el norte de la entidad.
Roxana Guzmán desapareció el pasado 2 de junio en Nanchital. Veinticuatro días después, sus restos habrían sido localizados en un rancho del municipio de Moloacán, convirtiéndose en uno de los casos más dolorosos y simbólicos para el gremio periodístico veracruzano durante 2026.
Sin embargo, lejos de centrar el debate únicamente en la dimensión de la tragedia, las declaraciones de la legisladora colocaron sobre la mesa otro elemento: la comparación histórica.
Para Ahued Malpica, aunque los hechos son graves, la situación actual no alcanza los niveles de violencia registrados durante otros sexenios, cuando Veracruz llegó a convertirse en uno de los lugares más peligrosos del continente para ejercer el periodismo.
La postura, no obstante, abrió inevitablemente una discusión de fondo:
¿La disminución relativa de agresiones convierte automáticamente en menos alarmante la ejecución o desaparición de periodistas?
¿Puede la comparación estadística coexistir con la exigencia de cero tolerancia frente a los ataques contra la prensa?
¿Existe el riesgo de que el análisis histórico termine siendo interpretado socialmente como una minimización del dolor y de la urgencia?
La diputada rechazó tajantemente esa interpretación y sostuvo que tanto el Gobierno del Estado como la Fiscalía General realizan un trabajo intenso para contener la violencia y esclarecer los casos.
Defendió particularmente el desempeño de la gobernadora Rocío Nahle y de la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez, asegurando que las investigaciones avanzan y que ya existen personas detenidas relacionadas con algunos expedientes.
Pero otra de sus declaraciones también provocó reacciones dentro del gremio: la afirmación de que la difusión constante de estos hechos puede afectar la llegada de inversiones y turismo a Veracruz.
La observación abre un debate complejo y profundamente democrático.
¿Qué debe prevalecer en una sociedad libre: la protección de la imagen institucional o el deber de documentar y exhibir la violencia cuando ésta golpea a periodistas?
¿El silencio protege la economía o la transparencia fortalece las instituciones?
Para organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de prensa, la respuesta históricamente ha sido clara: invisibilizar la violencia nunca la reduce; investigarla y combatir la impunidad sí puede hacerlo.
Mientras tanto, Veracruz suma ya tres periodistas asesinados durante el presente año, contando el caso de Roxana Guzmán, una cifra que mantiene bajo observación nacional e internacional la situación de seguridad para quienes ejercen el periodismo en la entidad.
En ese escenario, el caso trasciende la controversia política y se transforma en una interrogante mucho más profunda para el Estado mexicano:
La respuesta, probablemente, definirá no sólo el debate político de las próximas semanas, sino también la relación entre el poder y la prensa en el Veracruz de los próximos años.
¿Debe medirse la gravedad de la violencia contra periodistas comparándola con los peores años del pasado o frente al ideal democrático de que ningún comunicador debería perder la vida por ejercer su trabajo?
Redacción Reportaje Veracruzano
