OCHO AÑOS EN EL DIF: EL VACÍO JUDICIAL QUE ASFIXIA EL VÍNCULO PATERNO EN POZA RICA
Poza Rica, Ver. — Ocho años acudiendo a una mesa del DIF Municipal para ver a un hijo durante un par de horas no es solo la historia de un litigio familiar: es la radiografía de un sistema de justicia atrapado entre la burocracia, la presunta corrupción y la manipulación emocional.
Un abogado y padre de familia de Poza Rica rompió el silencio para denunciar lo que califica como un «calvario institucional». Su caso expone una realidad que miles de progenitores enfrentan en el estado de Veracruz: la dilatación deliberada de los juicios de convivencia, el aleccionamiento parental impune y el uso del aparato judicial como herramienta de coacción financiera y emocional.
Estudiar Derecho para defender la paternidad
La desesperación llevó al denunciante a un extremo poco común: cursar la Licenciatura en Derecho únicamente para poder litigar su propio expediente. Frente a un sistema que describe como «corrupto desde la Fiscalía hasta el Poder Judicial», la autodefensa fue la única vía para obligar a las autoridades a concederle, al menos, convivencias supervisadas.
Actualmente, las citas ocurren en las instalaciones del DIF de Poza Rica, pero el entorno dista de ser un espacio neutral de reencuentro. Según expone el afectado, el menor acude inmerso en un proceso de aleccionamiento y alienación parental, condicionado por discursos de odio y desinformación sobre las intenciones de su padre.
«En las fotos solo hay silencio y enojo impuesto. A mi hijo lo obligan a venir al DIF diciéndole falsedades, mientras el sistema tolera el desgaste emocional de un niño para beneficiar intereses de terceros», señala la denuncia.
Pensiones perpetuas e irregularidades de origen
El caso trasciende la pugna afectiva y toca las finanzas. A pesar de que la relación de pareja duró apenas año y medio, el denunciante sostiene una carga económica del 45% de sus ingresos desde hace más de ocho años: un 25% destinado a la pensión del menor y un 20% garantizado de forma vitalicia o indefinida para la madre.
El denunciante señala directamente de fraude procesal a la contraparte —a quien ubica como figura con influencia local en organizaciones de custodia— y apunta a presuntas componendas gestadas desde la gestión del entonces Juez Leopoldo Toss Capistrán para fijar medidas cautelares desproporcionadas que nunca fueron corregidas por las instancias superiores.
A pesar de cumplir de manera ininterrumpida con el pago impositivo de las pensiones, el derecho fundamental del niño a convivir en paz con su padre sigue suspendido en la indefinición de un cubículo institucional.
El Interés Superior de la Infancia: la gran omisión
Mientras las fiscalías de lo familiar y los juzgados civiles acumulan tomos y recursos dilatorios, la pregunta de fondo queda archivada: ¿quién protege la salud mental y emocional del menor?
El aleccionamiento parental —la manipulación sistemática de un hijo para destruirlo afectivamente frente al otro progenitor— está tipificado y reconocido como una forma de violencia infantil. Sin embargo, en los juzgados de Poza Rica, la pasividad de los juzgadores parece solapar la alienación, permitiendo que las infancias crezcan en un entorno de hostilidad infundada.
El llamado de este padre no es solo un reclamo personal, sino un señalamiento directo al Poder Judicial del Estado de Veracruz, a la Fiscalía General y a los organismos de Derechos Humanos: la justicia diferida por ocho años deja de ser justicia para convertirse en complicidad.
Redacción Reportaje Veracruzano
