Yunes arremete contra Ramos Alor y exige revisar Los Colorines; cuestiona manejo oficial del caso Zenyazen
XALAPA, VER.— Una nueva ofensiva política contra la conducción del sector salud en Veracruz se abrió este sábado luego de que el diputado local independiente Héctor Yunes Landa lanzara severas críticas contra Roberto Ramos Alor, actual funcionario del IMSS-Bienestar, a quien responsabilizó políticamente de decisiones que, afirmó, pueden poner en riesgo la vida de los veracruzanos.
Durante una entrevista previa a la guardia de honor por el Día de la Independencia, Yunes Landa calificó a Ramos Alor con el apelativo de “Doctor Muerte” y utilizó expresiones particularmente duras para cuestionar su desempeño al frente de la política sanitaria estatal.
El legislador sostuvo que Ramos Alor fue, desde su perspectiva, el peor secretario de Salud que ha tenido Veracruz durante la administración de Cuitláhuac García y afirmó que su actual posición dentro del IMSS-Bienestar le permitiría mantener una influencia determinante sobre las decisiones del sistema sanitario estatal.
Yunes incluso afirmó que la Secretaría de Salud se habría convertido en una dependencia sin capacidad real de decisión, al considerar que Ramos Alor sería quien concentra las determinaciones.
Más allá de la confrontación verbal, el diputado centró su crítica en un asunto de fondo: la obligación de que cualquier decisión relacionada con la atención médica y la vida de los pacientes esté sustentada en criterios técnicos, profesionales y estrictamente sanitarios.
“No se vale que jueguen con la salud y con la vida de los veracruzanos”, sostuvo.
CUESTIONA LA COMUNICACIÓN OFICIAL SOBRE ZENYAZEN
En otro de los puntos de la entrevista, Yunes Landa se refirió al fallecimiento del diputado federal Zenyazen Escobar García.
El legislador consideró un grave error que desde las primeras horas posteriores al fallecimiento se descartara públicamente la posibilidad de un atentado antes de que concluyeran las investigaciones correspondientes.
Su argumento no fue dirigido contra la conclusión final de la investigación, sino contra la rapidez con la que, según dijo, se difundieron determinadas versiones oficiales.
Yunes sostuvo que una autoridad que no cuenta con la competencia pericial correspondiente no debería anticiparse a una investigación de esa naturaleza.
La Fiscalía General de la República posteriormente informó sobre su propia conclusión respecto al caso, pero para Yunes el problema de comunicación inicial habría contribuido a incrementar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
“Eso provoca lo que está pasando, la incredulidad”, afirmó.
El diputado sostuvo que, en escenarios de alta sensibilidad pública, la transparencia, la prudencia institucional y la información sustentada en peritajes deben prevalecer sobre las declaraciones apresuradas.
PIDE REVISAR EL CASO DEL BASURERO LOS COLORINES
Yunes Landa también puso sobre la mesa otro asunto que, afirmó, merece una revisión: la operación del basurero de Los Colorines, cuyo manejo, de acuerdo con sus declaraciones, terminó relacionado con la hija de Zenyazen Escobar y su pareja.
El legislador consideró que cualquier posible irregularidad debe ser investigada sin importar quién resulte involucrado.
Su señalamiento adquiere una dimensión política porque cuestionó directamente que las instituciones encargadas de fiscalizar o investigar actúen con el mismo rigor cuando los involucrados pertenecen al grupo político gobernante.
“Todo lo que tenga un tufito de irregularidad se debe revisar”, sostuvo.
Yunes acusó que, desde su perspectiva, existiría una tendencia a evitar investigaciones cuando los señalados tienen vínculos con la llamada Cuarta Transformación.
Más allá de las acusaciones políticas, el punto central queda planteado: si existen contratos, permisos, concesiones, operaciones financieras o procedimientos administrativos relacionados con Los Colorines que pudieran presentar irregularidades, corresponde a las autoridades competentes determinarlo mediante una investigación formal y documentada.
El debate, así, no debería quedarse en declaraciones cruzadas.
Debe traducirse en expedientes, documentos, contratos, auditorías y, en su caso, responsabilidades.
Porque cuando se habla de salud pública, recursos públicos o manejo de residuos, la pregunta no es quién tiene más fuerza política para defenderse.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Quién vigila al que vigila y quién responde cuando las instituciones dejan de cumplir su obligación?
Redacción Reportaje Veracruzano
