Cartel inmobiliario, bajo señalamientos por presunto fraude agrario y despojo en Atzacan; acusan intento de influir en procesos judiciales
Orizaba, Ver.— Un nuevo conflicto por la posesión de tierras ejidales mantiene bajo la lupa a un grupo al que los denunciantes identifican como el denominado «Cartel Inmobiliario de Orizaba», al que acusan de presuntamente operar una estrategia jurídica para apropiarse de parcelas del ejido de Santa Ana Atzacan mediante contratos que califican como fraudulentos y con el respaldo de resoluciones emitidas por juzgados civiles.
De acuerdo con la denuncia pública presentada por el representante de los posesionarios, Paulino López Anzures, el litigio gira en torno a las parcelas 194 Z-1 P1/2 y 195 Z-1 P1/2, cuyos derechos, asegura, permanecían bajo el régimen ejidal cuando el 21 de junio de 2016 fueron elaborados dos contratos que hoy son cuestionados por su presunta ilegalidad.
Los denunciantes sostienen que dichos documentos fueron promovidos por Orlando «N» y Alex «N», quienes, afirman, carecían de derechos agrarios sobre esos terrenos. A pesar de ello, aseguran que los contratos fueron posteriormente considerados en procedimientos civiles iniciados en Orizaba, situación que, a su juicio, vulnera la Ley Agraria, al tratarse de asuntos cuya competencia corresponde exclusivamente a los tribunales especializados en materia agraria.
Según la versión de los afectados, jueces del entonces Juzgado Sexto de Primera Instancia y del Juzgado Segundo de Primera Instancia —hoy Juzgado Primero Civil— habrían intervenido en controversias relacionadas con parcelas ejidales, lo que consideran una invasión de competencias federales.
El caso actualmente es analizado por el Tribunal Unitario Agrario Número 31, donde los posesionarios buscan la restitución de las tierras y el reconocimiento de sus derechos.
López Anzures también afirmó que en 2024 un exjuez informó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre la existencia de un supuesto desalojo dentro del expediente 781/2018, hecho que calificó como falso y que, sostiene, puede desvirtuarse con actuaciones judiciales que obran en el mismo expediente.
Entre las personas que aseguran haber resultado afectadas por estos procedimientos se encuentran Ricardo Florencio Ortega Vázquez, Paulino López Anzures, Baldomero Vargas Corona y Sthefany García López, quienes afirman que las resoluciones civiles pretendieron abrir la puerta para escriturar parcelas ejidales mediante el expediente 1111/2018, anteriormente identificado como 1208/2018.
Los denunciantes sostienen además que durante el desarrollo del conflicto han recibido amenazas y que incluso uno de los señalados habría ingresado con un grupo de más de 30 personas y maquinaria pesada para destruir viviendas y construcciones existentes en los predios, hechos por los cuales exigen una investigación penal.
Finalmente, hicieron un llamado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a las autoridades federales para investigar la actuación de quienes presuntamente participaron en estos hechos, esclarecer la legalidad de los contratos cuestionados y, en su caso, sancionar cualquier conducta constitutiva de delitos como fraude procesal, despojo o actos de corrupción en la administración de justicia.
Hasta el momento, las personas señaladas en esta denuncia pública no han fijado una postura sobre las acusaciones. Conforme al principio de presunción de inocencia, los hechos descritos corresponden a señalamientos formulados por los denunciantes y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
Redacción Reportaje Veracruzano
