Cateo sin detenidos ni aseguramientos: operativo en Torrentes deja dudas y una familia denuncia intimidación
Veracruz, Ver.- Lo que debía ser una diligencia judicial terminó sin detenidos, sin objetos ilícitos asegurados y con una familia denunciando presuntas intimidaciones durante el operativo. El caso vuelve a colocar bajo la lupa la forma en que se ejecutan los cateos y, sobre todo, qué ocurre cuando una intervención de alto impacto termina sin encontrar aquello que supuestamente se buscaba.
La noche de este viernes, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron a un domicilio ubicado sobre la calle Tamasopo, en el fraccionamiento Torrentes, como parte de un cuarto cateo realizado en esa zona.
De acuerdo con el testimonio de una de las ocupantes, agentes de la Policía Ministerial llegaron hasta la vivienda y tocaron la puerta para informar a la familia que contaban con un mandamiento judicial que les permitía revisar el inmueble.
La joven mujer señaló que los elementos le indicaron que la diligencia derivaba de una denuncia anónima. Sin embargo, aseguró que no recibió una explicación clara sobre qué conducta delictiva se investigaba y sostuvo que su familia lleva una vida dedicada al trabajo y alejada de actividades ilícitas.
El momento más tenso, según su relato, ocurrió cuando cuestionó a los agentes sobre las razones para revisar su domicilio. Afirmó que la respuesta fue acompañada de actitudes que calificó como prepotentes y groseras, al grado de que sus dos hijas menores de edad terminaron asustadas por el despliegue y la manera en que se desarrolló la intervención.
La pregunta de fondo resulta inevitable: ¿qué elementos llevaron a solicitar y ejecutar un cateo contra ese domicilio y qué tan sólida era la información que lo sustentaba?
Tras varios minutos de inspección, los agentes abandonaron el inmueble sin reportar detenidos ni aseguramientos, al menos de acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo.
Para la familia, sin embargo, el episodio no terminó con la salida de los agentes. La afectada expresó su molestia porque, después de revisar la vivienda y no localizar objetos ilícitos, nadie le ofreció una disculpa por el trato que, según denunció, recibió durante la diligencia.
El despliegue también provocó una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en las inmediaciones. Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Naval y Policía Estatal participaron en el resguardo de las calles cercanas mientras se desarrollaba el cateo.
La intervención deja así más preguntas que respuestas para la familia: ¿quién originó la denuncia?, ¿qué información fue presentada ante la autoridad judicial?, ¿qué indicios justificaron la revisión del inmueble?, y, si no se encontró nada ilícito, quién asumirá la responsabilidad por las afectaciones provocadas por el operativo?
La existencia de una orden judicial implica que una autoridad competente autorizó la diligencia; sin embargo, ello no elimina la necesidad de que los agentes actúen con respeto a los derechos de las personas y bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente de personas detenidas o bienes asegurados como resultado de este cateo.
La familia, mientras tanto, quedó con una preocupación que trasciende el operativo: que una denuncia anónima, si carece de sustento suficiente, pueda convertirse en el punto de partida para que una vivienda familiar sea intervenida y sus ocupantes sometidos a un despliegue policial de gran magnitud.
Ahora corresponde a la autoridad explicar qué motivó el cateo y esclarecer si la actuación de los agentes se ajustó estrictamente al mandamiento judicial y a los protocolos establecidos.
Redacción Reportaje Veracruzano
