CONTRALORÍA DEL CONGRESO, BAJO PRESIÓN POR PRESUNTOS “MOCHES” ATRIBUIDOS A DORHENY GARCÍA
Formalizan solicitud para investigar a la diputada de Morena por presuntas retenciones salariales a un excolaborador; la Mesa Directiva se deslinda de haber recibido directamente el escrito y pide que sean las instancias correspondientes las que indaguen
La polémica por los presuntos cobros indebidos a trabajadores dentro del Congreso de Veracruz dejó de ser únicamente un escándalo mediático y llegó formalmente a la Contraloría Interna del Poder Legislativo, donde ya existe una solicitud para investigar a la diputada de Morena, Dorheny García Cayetano, por posibles “moches” y retenciones salariales a un excolaborador.
El expediente —cuya existencia fue confirmada por la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos— coloca ahora el caso en el terreno institucional y obliga a determinar si detrás de las acusaciones existe una irregularidad administrativa, una práctica laboral indebida o simplemente una disputa entre particulares.
La solicitud fue promovida por el ciudadano Ángel Kú, quien hizo pública su determinación a través de redes sociales y sostuvo que acudió directamente ante la Contraloría Interna para exigir una investigación.
“Solicité a la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Veracruz, iniciar una investigación por los posibles moches de la Diputada Dorheny García Cayetano”, difundió.
El señalamiento es particularmente delicado porque involucra recursos provenientes de salarios de trabajadores vinculados con un órgano público y a una legisladora que, como integrante del Congreso, está obligada a sujetar su actuación a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Pero hasta ahora existe una acusación y una solicitud de investigación, no una resolución que determine responsabilidad.
LA PRESIDENCIA SE DESMARCA
Gómez Santos reconoció que tuvo conocimiento de la solicitud, aunque aclaró que ésta no fue presentada ante la Mesa Directiva.
“Yo también me enteré, pero no pasó con nosotros en Presidencia, nosotros no recibimos, fue directo a Contraloría”, explicó.
La presidenta sostuvo que corresponderá a la Contraloría analizar los hechos y, en su caso, informar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista.
La respuesta deja una pregunta inevitable sobre la mesa: ¿hasta dónde llegará la investigación interna cuando el señalamiento involucra a una integrante de la propia Legislatura?
Gómez Santos aseguró que ni ella ni su equipo recibieron una queja directa del excolaborador involucrado y que conocieron el conflicto a través de los medios de comunicación.
“No sé, no podría yo hablar a nombre también del presidente de la Jucopo, si a él también pudo haber llegado. Sé lo que ustedes saben”, respondió.
La diputada reconoció, sin embargo, que existe una molestia que considera legítima y que corresponde a las partes involucradas aportar elementos para esclarecerla.
EL PROBLEMA NO SERÍA UN CASO AISLADO
La controversia adquiere mayor dimensión porque no sería el primer señalamiento de esta naturaleza dentro del Congreso local.
Ante la pregunta sobre si la Legislatura debería revisar si existen más casos en los que diputados condicionen, retengan o dispongan del salario de sus colaboradores, Gómez Santos fue tajante al señalar que, si existen inconformidades, deben presentarse las denuncias correspondientes.
La presidenta también sostuvo que los legisladores deben contratar personal de manera formal y conforme a la ley.
El mensaje resulta particularmente relevante frente a los antecedentes que han comenzado a emerger públicamente: si existen más trabajadores que han sido obligados a entregar parte de sus percepciones, el problema dejaría de ser una controversia individual y podría convertirse en una práctica que amerite una revisión institucional más amplia.
Por ello, el verdadero alcance del caso no estará solamente en determinar qué ocurrió con el excolaborador de García Cayetano, sino en saber si la Contraloría tiene capacidad y voluntad para revisar si existen patrones similares dentro del Poder Legislativo.
EL DISCURSO DE LA LEY, FRENTE A LOS ESCÁNDALOS
Gómez Santos recordó que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, ha exhortado a los diputados a respetar la legislación.
Pero el problema político aparece precisamente ahí: un exhorto no sustituye una investigación y una declaración política no equivale a una rendición de cuentas.
Si un trabajador denuncia que parte de su salario era entregada a un superior, la respuesta institucional no puede limitarse a pedir que las partes “indaguen” lo sucedido. La ciudadanía espera que las instituciones determinen si hubo o no una conducta irregular.
Y si no hubo irregularidad, la propia investigación debería servir para despejar dudas y cerrar el caso.
“NO AFECTA A MORENA”, RESPONDE LA PRESIDENTA
Pese a los escándalos que han involucrado a legisladores de Morena, Gómez Santos rechazó que este tipo de episodios esté dañando la imagen del partido.
Argumentó que no puede generalizarse por la conducta de una sola persona y defendió el trabajo de quienes, dijo, representan el proyecto político en sus respectivas regiones.
“La verdad es que nosotros sí representamos a un proyecto y es nuestro actuar”, sostuvo.
Sin embargo, el debate de fondo no es solamente partidista.
La cuestión central es qué ocurre cuando quienes deben legislar y vigilar el cumplimiento de la ley son señalados precisamente por posibles prácticas contrarias a esos principios.
La Contraloría Interna tiene ahora una oportunidad para demostrar si las reglas aplican con el mismo rigor para todos.
Porque mientras el Congreso habla de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, una pregunta permanece suspendida sobre el Palacio Legislativo de Veracruz:
¿Quién vigila a quienes tienen el poder de vigilar?
La respuesta, en este caso, deberá comenzar con una investigación formal, transparente y con resultados públicos.
Redacción Reportaje Veracruzano
