Denuncian presuntos “moches” en la SEV por cambios de adscripción y plazas
Xalapa, Veracruz.– Trabajadores de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada denunciaron presuntas prácticas de cobro irregular dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), relacionadas con la gestión de cambios de adscripción, plazas y diversos trámites que realizan docentes ante esa dependencia.
De acuerdo con los señalamientos, la profesora Eleuteria Alarcón Velázquez, quien actualmente se desempeña como subdirectora de Supervisión Escolar de Educación Primaria Federalizada, sería quien presuntamente exigiría pagos a trabajadores del sector educativo para agilizar determinados procedimientos administrativos.
Los denunciantes solicitaron mantener sus identidades bajo reserva, al argumentar que temen posibles represalias laborales o sindicales. Según su versión, Alarcón Velázquez presumiría contar con respaldo de integrantes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Daniel Covarrubias López.
Las acusaciones, sin embargo, corresponden hasta ahora exclusivamente a los trabajadores inconformes y deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar si existe responsabilidad administrativa, sindical o de cualquier otra naturaleza.
Señalamientos que vuelven a poner el foco en la SEV
Los empleados también cuestionaron el regreso de Alarcón Velázquez a una posición de responsabilidad dentro de la estructura educativa. Afirmaron que anteriormente habría sido removida de la Jefatura de Supervisión Escolar de Primaria Federal debido a cuestionamientos relacionados con su desempeño y presuntos favoritismos hacia determinados grupos sindicales.
Ahora, su incorporación como subdirectora vuelve a generar inconformidad entre trabajadores que demandan una revisión de los criterios utilizados para realizar este tipo de nombramientos.
Ante este escenario, solicitaron a la titular de la SEV, Raquel Bonilla Herrera, intervenir y ordenar una revisión de las acusaciones, particularmente de los señalamientos referentes al supuesto cobro de dinero para facilitar trámites que deberían realizarse conforme a procedimientos institucionales.
Los trabajadores también pidieron que, de ser necesario, se habiliten mecanismos de denuncia que garanticen confidencialidad y protección contra posibles represalias.
Piden intervención de Rocío Nahle
Los inconformes extendieron su petición a la gobernadora Rocío Nahle García, a quien solicitaron que se investigue el origen y sustento de los recientes nombramientos dentro de la Secretaría de Educación.
En sus declaraciones hicieron referencia a antiguos grupos y operadores vinculados con administraciones anteriores y expresaron su preocupación de que prácticas que consideran contrarias a la transformación administrativa permanezcan dentro de la dependencia.
También realizaron señalamientos sobre presuntas relaciones políticas y laborales de la funcionaria con personajes de anteriores estructuras educativas; no obstante, dichas afirmaciones no fueron acompañadas, en la información disponible, de documentación que permita acreditarlas de manera independiente.
El reclamo de fondo apunta a un problema más amplio: la presunta utilización de trámites educativos como mecanismo de beneficio económico o político, una práctica que, de comprobarse, afectaría directamente a docentes que dependen de la autoridad para obtener cambios de adscripción, acceder a plazas o resolver asuntos administrativos.
Exigen que se investigue, no solo que se cambien funcionarios
Los trabajadores consideraron que la SEV debe evitar que las disputas internas entre grupos sindicales y políticos terminen condicionando decisiones administrativas.
Por ello, plantearon que cualquier investigación determine si existen cobros, intermediarios, gestores o redes de funcionarios y particulares que pudieran estar lucrando con trámites del magisterio.
Más allá de los nombres y las filiaciones sindicales, el reclamo coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda para la dependencia: ¿existen mecanismos efectivos para impedir que un trámite que debería ser gratuito y transparente termine convertido en una fuente de beneficios particulares?
Hasta el momento, los señalamientos requieren ser corroborados mediante una investigación formal y, en su caso, pruebas documentales, testimoniales o administrativas que permitan establecer responsabilidades.
Redacción Reportaje Veracruzano
