Los 280 millones que nadie quiere explicar: Sefiplan lleva a Fiscalía una presunta red de triangulación en la UPAV
Fundaciones, inmobiliarias y agencias de publicidad habrían servido como eslabones para mover recursos provenientes de estudiantes y terminar pagando a trabajadores de la universidad; el Gobierno de Veracruz ya denunció el caso por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada
Xalapa, Ver.— Detrás de los 280 millones de pesos bajo investigación por el manejo de recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) aparece una trama financiera que, de confirmarse ante las autoridades ministeriales, habría convertido a fundaciones, inmobiliarias y agencias de publicidad en piezas de una maquinaria diseñada para hacer circular el dinero antes de que éste llegara a los docentes.
El caso ya cruzó la frontera de las auditorías y los señalamientos administrativos: la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por hechos que podrían constituir lavado de dinero y delincuencia organizada.
El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, confirmó que las denuncias fueron presentadas semanas atrás y que existen investigaciones distintas tanto en el ámbito federal como estatal.
La cifra, sin embargo, es apenas la puerta de entrada.
Lo que las autoridades buscan reconstruir es el origen, la procedencia y la trazabilidad de aproximadamente 280 millones de pesos, así como determinar quiénes intervinieron en las operaciones y cuál fue el destino final de los recursos.
El dinero no seguía una ruta directa
De acuerdo con Reyes Hernández, parte de los recursos habría sido captada por la Fundación EDAL, a partir de pagos realizados por estudiantes y otras fuentes que actualmente son objeto de revisión.
A partir de ahí, el dinero habría comenzado un recorrido que difícilmente puede considerarse convencional para cubrir servicios educativos: fundación, inmobiliaria, otra inmobiliaria, agencia de publicidad y finalmente el trabajador.
La propia explicación del funcionario plantea una pregunta inevitable: ¿por qué recursos destinados a una institución educativa tendrían que atravesar una cadena de empresas dedicadas a actividades ajenas a la enseñanza antes de terminar en manos de profesores?
Según la información proporcionada por Sefiplan, uno de los mecanismos detectados consistía en contratar o remunerar a personas que prestaban servicios para la UPAV mediante terceros.
Es decir, alguien podía trabajar para la universidad, pero no mantener una relación laboral directa con ella. En lugar de recibir su pago de manera ordinaria, el dinero podía llegarle mediante una empresa cuya actividad principal era completamente distinta.
Entre los ejemplos mencionados aparece una agencia de publicidad que habría realizado pagos bajo conceptos como honorarios o servicios de publicidad.
Una cadena de intermediarios bajo la lupa
La ruta descrita por el titular de Sefiplan resulta particularmente delicada.
La Fundación habría recibido recursos de estudiantes y otras fuentes; posteriormente habría realizado pagos a una inmobiliaria, ésta a otra empresa del mismo giro y, finalmente, los recursos habrían llegado a una agencia de publicidad que efectuaba pagos a profesores.
Una estructura así, de comprobarse, no sólo obligaría a preguntar quién recibió el dinero, sino también por qué fue necesario ocultar o diluir su recorrido mediante varios intermediarios.
La hipótesis que ahora deberán esclarecer las fiscalías es si esa arquitectura financiera tuvo como propósito legítimo administrar recursos o si fue utilizada deliberadamente para evitar vínculos laborales directos, fragmentar operaciones, dificultar la trazabilidad del dinero y eventualmente ocultar a los verdaderos beneficiarios.
El propio Reyes Hernández señaló que este esquema permitía, entre otras cosas, evitar que existiera una relación laboral directa con la universidad y generar consecuencias sobre aspectos como antigüedad y obligaciones patronales.
¿Quién diseñó la ruta y quién terminó beneficiándose?
La denuncia, por ahora, está presentada contra quien resulte responsable.
Eso significa que el expediente deberá ir mucho más allá de identificar a las empresas que aparecen en las operaciones.
La investigación tendrá que determinar quién ordenaba los movimientos, quién autorizaba los pagos, quién controlaba las fundaciones y empresas involucradas, quién se beneficiaba realmente de las operaciones y si existieron acuerdos entre los distintos intermediarios.
También deberá establecerse si los servicios facturados correspondían realmente a actividades realizadas o si determinados conceptos fueron utilizados únicamente como vehículos para justificar transferencias de dinero.
Porque si los recursos realmente terminaron pagando a docentes, la pregunta de fondo permanece:
¿Por qué no se les pagaba directamente?
Y si el dinero provenía de estudiantes, otra interrogante resulta inevitable:
¿quién decidió que esos recursos debían recorrer una cadena de empresas privadas antes de llegar a quienes impartían clases?
El expediente ya está en manos de las fiscalías
Reyes Hernández enfatizó que las denuncias ya fueron interpuestas y que corresponde ahora a las autoridades ministeriales determinar la existencia de responsabilidades penales.
La participación simultánea de la FGR y la FGE refleja la gravedad con la que el Gobierno estatal está abordando el caso, particularmente porque los hechos denunciados fueron planteados bajo posibles figuras delictivas que trascienden una simple irregularidad administrativa.
Por ahora, existe una denuncia, una cifra bajo investigación y una compleja ruta financiera señalada por la autoridad.
Lo que falta es lo más importante: saber quién estuvo detrás de ella.
Los 280 millones de pesos son ahora una cifra que exige nombres, documentos, contratos, facturas, transferencias y beneficiarios finales.
Y si las fiscalías confirman que detrás de esa maraña de fundaciones, inmobiliarias y agencias publicitarias existió una operación deliberada para ocultar el origen o destino de recursos de la UPAV, el caso podría dejar de ser solamente un expediente sobre malos manejos financieros para convertirse en una investigación penal de mayor alcance.
Mientras tanto, la pregunta queda abierta y sobre la mesa:
¿quién convirtió el dinero de la educación en un laberinto de intermediarios y, sobre todo, quién terminó cobrando la salida?
Redacción Reportaje Veracruzano
