Veracruz ante una pregunta incómoda: policías detenidos, crimen organizado y una estructura de seguridad bajo escrutinio
De las desapariciones del Blindaje Coatzacoalcos a los casos de periodistas asesinados y la presunta infiltración de corporaciones: una investigación que obliga a separar hechos comprobados, acusaciones y preguntas todavía sin respuesta
Xalapa, Ver.— Hay historias que no pueden contarse como una sucesión de comunicados oficiales. En Veracruz, una serie de expedientes ocurridos durante más de una década comienza a formar una imagen más amplia: desapariciones atribuidas a policías, investigaciones contra integrantes de corporaciones municipales, expansión de organizaciones criminales y periodistas asesinados o desaparecidos.
La pregunta no es solamente cuántos policías han sido detenidos.
La pregunta de fondo es qué ocurrió dentro de las instituciones encargadas de combatir al crimen y hasta dónde ha llegado la penetración de estructuras criminales en algunas corporaciones de seguridad.
Responderla exige distinguir entre lo que está acreditado judicialmente, lo que las autoridades investigan y aquello que únicamente ha sido denunciado públicamente.
Y justamente ahí comienza esta historia.
El origen: Blindaje Coatzacoalcos
En 2015, el operativo Blindaje Coatzacoalcos se convirtió en escenario de graves acusaciones de desaparición forzada.
Años después, el propio Gobierno de Veracruz reconoció responsabilidad institucional por hechos ocurridos el 11 y 12 de mayo de 2015.
En mayo de 2023, durante un acto público celebrado en Coatzacoalcos, la Secretaría de Seguridad Pública ofreció una disculpa y reconoció la responsabilidad del Estado por la desaparición de Jhonit Enríquez Orozco, José Manuel Cruz Pérez, Eliaquim Alvarado Villafuerte y Héctor Manuel Facundo Ramos. El acto se realizó en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con la presencia de un representante de la ONU.
No fue, por tanto, una acusación surgida en redes sociales.
Fue un reconocimiento institucional.
Pero la historia judicial no terminó ahí.
En julio de 2026, la Fiscalía General del Estado informó la detención de 11 policías y exelementos relacionados con una investigación por desaparición forzada de cuatro personas durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos.
Once años después, aquel operativo volvió a ocupar las primeras páginas.
Y una pregunta quedó inevitablemente sobre la mesa:
¿Cuánto tiempo puede permanecer abierta una herida institucional antes de que la justicia llegue?
La sombra que se extendió
Mientras los expedientes de desapariciones avanzaban lentamente, organizaciones criminales consolidaron su presencia en diferentes regiones de Veracruz.
Uno de los nombres que aparece repetidamente en investigaciones periodísticas es Grupo Sombra, también identificado como Mafia Veracruzana.
Un reportaje de Milenio, cuyo registro se encuentra preservado por la Hemeroteca Nacional de México de la UNAM, documentó el crecimiento atribuido a esta organización y citó informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. La investigación periodística señaló presencia del grupo en 52 municipios.
El dato debe entenderse correctamente: se trata de información atribuida a reportes de inteligencia y difundida periodísticamente, no de una sentencia judicial que establezca el control criminal de esos municipios.
Pero la expansión señalada plantea un problema evidente.
¿Cómo puede una organización criminal ampliar durante años sus actividades sin establecer algún tipo de relación, tolerancia, corrupción o infiltración en determinadas estructuras locales?
La pregunta adquiere mayor peso cuando aparecen policías detenidos dentro de investigaciones contra organizaciones criminales.
El caso que cambió la discusión: Roxana Guzmán
El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán llevó esa discusión a otro nivel.
La comunicadora fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en Nanchital y posteriormente asesinada.
La investigación de la Fiscalía condujo hasta presuntos integrantes del Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados por su presunta participación en la operación.
El caso llegó incluso al presidente municipal.
En agosto, el Congreso de Veracruz retiró la inmunidad procesal al alcalde Raúl González Martínez, permitiendo que la Fiscalía procediera penalmente en su contra. De acuerdo con la acusación ministerial, el alcalde habría tenido una posible responsabilidad en el crimen; esa imputación deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
Días después fue detenido Sergio “N”, alias “El Búho”, señalado como presunto coordinador operativo de una organización criminal y relacionado con el caso.
Aquí ya no se habla solamente de rumores.
Hay detenciones, imputaciones y procesos judiciales.
Y aparece un patrón que merece atención:
presuntos delincuentes y servidores públicos municipales aparecen dentro de una misma investigación criminal.
Eso no permite afirmar que toda una institución esté infiltrada.
Pero sí demuestra que la infiltración institucional es una hipótesis que las propias investigaciones ministeriales están obligadas a explorar.
Irma Hernández: cuando la extorsión se convirtió en mensaje
Un año antes, otro caso había mostrado la dimensión social de esa violencia.
La maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz fue secuestrada en Álamo Temapache.
Los responsables difundieron un video en el que la obligaron a transmitir un mensaje relacionado con el cobro de cuotas.
Posteriormente fue asesinada.
El episodio expuso una modalidad particularmente peligrosa del crimen organizado: no solamente eliminar a una persona, sino utilizarla como instrumento de intimidación colectiva.
La violencia deja entonces de dirigirse únicamente contra una víctima.
Se convierte en un mensaje para toda una comunidad.
Los periodistas comenzaron a aparecer en el centro de la tragedia
Y entonces Poza Rica entra en la historia.
El periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado el 8 de enero de 2026.
Posteriormente, dos mujeres relacionadas con él —Karime Monserrat Murrieta y Wendy Arantxa Portilla— desaparecieron después de acudir al funeral del comunicador.
Más de seis meses después, sus familias continuaban reclamando respuestas y denunciando falta de avances sustanciales.
El expediente de Carlos Castro tampoco puede describirse simplemente como un caso archivado.
La Fiscalía ha informado de avances y existen órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación, aunque el hecho de que existan órdenes no significa que las capturas se hayan concretado.
La diferencia importa.
Porque en materia de justicia, una orden de aprehensión no equivale a un detenido y un detenido tampoco equivale a una sentencia.
Luis Ángel López Valdez
Cinco meses después del asesinato de Castro, el periodismo de Poza Rica volvió a ser golpeado.
Luis Ángel López Valdez fue asesinado en junio.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron que no se descartara su actividad periodística como posible línea de investigación.
El caso volvió a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa:
¿Por qué tantos periodistas que cubren seguridad terminan convertidos en protagonistas de las propias historias criminales que investigaban?
Y ahora Elí Martínez
La madrugada del 25 de agosto de 2026 añadió otro nombre a esta secuencia.
El reportero Elí Martínez, colaborador de diversos medios, permanece desaparecido después de que sujetos armados presuntamente atacaran a dos comunicadores en la colonia Cazones de Poza Rica.
Uno logró escapar.
Martínez no.
La desaparición ocurrió mientras en la zona se desplegaba un operativo de seguridad.
Hubo persecución.
Hubo ponchallantas.
Una patrulla municipal resultó involucrada en un accidente junto con una camioneta de Pemex y un vehículo particular.
Después llegó el despliegue de corporaciones.
Pero el reportero continuaba sin aparecer.
Y con él reapareció la pregunta que atraviesa toda esta historia:
¿Qué tan efectiva es una estructura de seguridad que puede movilizar decenas de elementos después de un ataque, pero no necesariamente impedirlo ni localizar inmediatamente a sus responsables?
Los nombres bajo sospecha
En medio de esta discusión han aparecido públicamente nombres de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos Carlos Alberto Mendoza González, alias “Lobo”, y otros funcionarios señalados en publicaciones periodísticas por supuestos vínculos con estructuras criminales.
Pero aquí es donde el periodismo debe detenerse antes de cruzar una línea.
Que un funcionario aparezca señalado en un reportaje no demuestra que sea integrante de una organización criminal.
Que haya sido investigado anteriormente por abuso o tortura tampoco demuestra que participe en homicidios o desapariciones.
Y hasta la información pública revisada para este trabajo no permite afirmar como hecho que determinados mandos de la SSP sean miembros o protectores del Grupo Sombra.
Por eso, esos señalamientos deben permanecer exactamente donde corresponden:
bajo investigación.
La pregunta periodística no es declararlos culpables.
Es preguntar:
¿Han sido investigados? ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Continúan en sus cargos? ¿Qué dicen ellos?
El problema no termina con detener policías
La detención de 11 elementos por hechos relacionados con Blindaje Coatzacoalcos puede representar un avance judicial.
Pero también revela una realidad incómoda:
la depuración institucional puede tardar más de una década.
En 2015 ocurrieron las desapariciones.
En 2023 el Estado reconoció responsabilidad.
En 2026 llegaron nuevas detenciones.
Mientras tanto, Veracruz siguió acumulando nuevos expedientes de violencia.
La historia obliga a mirar más allá de las capturas.
Hay que preguntar por los controles de confianza.
Por las investigaciones internas.
Por las cadenas de mando.
Por los cambios de adscripción.
Por los funcionarios que fueron denunciados y permanecieron en sus cargos.
Por los expedientes que terminaron archivados.
Por los policías municipales que aparecen vinculados a investigaciones criminales.
Y por las víctimas cuyos familiares todavía esperan respuestas.
La pregunta que Veracruz todavía no responde
El problema no puede reducirse a una pelea política entre gobiernos.
Tampoco puede resolverse acusando sin pruebas a todos los policías.
La cuestión es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más incómoda:
¿Quién controla realmente las instituciones de seguridad cuando una organización criminal consigue penetrar una corporación?
La respuesta debería estar en los expedientes.
En las auditorías.
En las investigaciones.
En las sentencias.
En los controles internos.
Y, sobre todo, en la capacidad del Estado para demostrar que sus instituciones no están al servicio de intereses criminales.
Porque los casos de Blindaje Coatzacoalcos demostraron que la desaparición forzada puede ocurrir desde las propias estructuras estatales.
El expediente de Roxana Guzmán demuestra que policías municipales pueden ser investigados por presunta colaboración con criminales.
Los casos de Carlos Castro y Luis Ángel López muestran que el periodismo puede convertirse en una actividad mortal.
Y la desaparición de Elí Martínez vuelve a colocar a Poza Rica frente a una pregunta que ya no admite evasivas:
¿Quién protege a quienes tienen como oficio contar lo que está pasando?
Veracruz no necesita solamente más patrullas.
Necesita instituciones capaces de investigarse a sí mismas, policías sometidos a controles reales, fiscales que lleguen hasta las cadenas de mando y una justicia que no tarde once años en tocar la puerta.
Porque cuando la justicia llega demasiado tarde, el problema ya no es solamente la existencia del crimen.
El problema es todo lo que permitió que creciera.
Redacción Reportaje Veracruzano
