Xalapa, Ver., 7 de septiembre de 2026.— Demandas dirigidas contra personas que ya habían fallecido, documentos presuntamente falsificados y procedimientos judiciales que buscaban generar derechos sobre propiedades ajenas forman parte de las irregularidades detectadas por autoridades judiciales en Xalapa, en un esquema que ha sido señalado públicamente como un posible “cártel inmobiliario”.

El caso cobró especial relevancia tras la recuperación de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Las Fuentes de Las Ánimas, que fue restituido de manera prioritaria a su legítimo propietario. A partir de ese expediente comenzaron a emerger indicios de un mecanismo más amplio para intentar apoderarse de bienes mediante la utilización de herramientas legales presuntamente manipuladas.

El titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Xalapa, Leopoldo Toss Capistrán, explicó que algunas de las operaciones detectadas se sustentaban en la presentación de documentos apócrifos y declaraciones que presuntamente no correspondían con la realidad.

Ante la gravedad de las anomalías, el órgano jurisdiccional presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, integrada en la carpeta de investigación 131/2026, en la que se indagan posibles delitos de fraude procesal, falsificación y uso de documentos falsos, así como falsedad de declaraciones.

El juzgador explicó que los tribunales reciben normalmente documentos certificados por fedatarios públicos o inscritos ante el Registro Público bajo el principio de buena fe. Sin embargo, cuando posteriormente se descubre que esos instrumentos fueron alterados o utilizados de manera deliberada para engañar a la autoridad, la responsabilidad corresponde a quienes incorporaron dichas constancias al procedimiento.

El detalle que encendió las alarmas

Uno de los hallazgos más llamativos fue la existencia de demandas promovidas contra personas que, de acuerdo con las verificaciones realizadas, ya habían fallecido.

En algunos casos, las edades de los supuestos demandados eran tan elevadas que, de encontrarse con vida, superarían incluso los cien años.

La anomalía llevó al personal judicial a reforzar los mecanismos de comprobación de identidad. Entre las medidas adoptadas se encuentra el cruce de información de las partes involucradas y la verificación de sus CURP ante el Registro Civil, con el propósito de confirmar si una persona continúa con vida o existe registro oficial de su fallecimiento.

La estrategia busca impedir que un proceso judicial avance contra personas inexistentes o fallecidas y, eventualmente, termine generando resoluciones susceptibles de ser utilizadas para afectar propiedades.

Cuatro expedientes, bajo la lupa

Las medidas de revisión ya permitieron, según lo informado por el juzgador, detener al menos cuatro asuntos que presentaban características similares a las detectadas en el caso que permitió descubrir el esquema.

El objetivo es evitar que los procedimientos civiles, particularmente aquellos relacionados con la ejecución de resoluciones, sean utilizados como una vía para legitimar operaciones irregulares sobre bienes inmuebles.

El fenómeno preocupa especialmente por el riesgo que representa para propietarios de edad avanzada y familias que, por desconocimiento o ausencia, pueden enfrentar procesos judiciales sin advertir oportunamente que su patrimonio está siendo disputado.

Una respuesta que involucra a varias instituciones

El combate a estas prácticas no se ha limitado al ámbito judicial. El Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno han establecido mesas de atención y audiencias con ciudadanos que aseguran haber sido afectados por este tipo de operaciones.

Paralelamente, se han intensificado las revisiones en notarías y oficinas del Registro Público de la Propiedad, particularmente en aquellos puntos donde las autoridades han identificado posibles vulnerabilidades en los procedimientos.

La investigación penal determinará ahora si las irregularidades detectadas forman parte de una estructura organizada y quiénes participaron en ellas.

Mientras tanto, el Poder Judicial busca cerrar los espacios que podrían permitir que documentos falsos, identidades inexistentes o incluso personas fallecidas sean utilizados para construir expedientes aparentemente legales.

El fondo del problema, advierten las autoridades, va más allá de un expediente judicial: se trata de impedir que la fe pública y los mecanismos de impartición de justicia sean convertidos en instrumentos para despojar a una persona de su patrimonio.

Redacción Reportaje Veracruzano