Señalan presunta red de familiares y allegados en la nómina de Banderilla
Ciudadanos piden investigar posibles actos de nepotismo y cuestionan el destino de recursos públicos
Banderilla, Ver., 8 de septiembre de 2026.– Una denuncia ciudadana puso bajo la lupa la integración de la nómina del Ayuntamiento de Banderilla, al señalar la presunta incorporación de familiares y personas vinculadas con integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.
De acuerdo con el documento presentado ante autoridades municipales y órganos fiscalizadores, hasta 25 personas tendrían algún vínculo familiar o de afinidad con el presidente municipal José Antonio Sangabriel Fernández, la síndica única Estefanía Cruz Morales y la regidora primera Miriam Lagunes Marín, además de otros funcionarios de la administración.
Los denunciantes sostienen que algunos de los señalados percibirían remuneraciones que oscilan entre 15 mil y 25 mil pesos mensuales, situación que consideran especialmente cuestionable frente a las carencias que, aseguran, persisten en distintos servicios públicos del municipio.
El señalamiento no constituye por sí mismo una resolución de responsabilidad administrativa, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen relaciones de parentesco prohibidas, conflictos de interés o alguna otra conducta sancionable.
Piden abrir una investigación
La inconformidad fue formalizada mediante un escrito dirigido al encargado del despacho del Órgano Interno de Control de Banderilla, Alfredo Marcial Rivera, y a la titular de la Unidad de Transparencia e Informática municipal, Silvia Elisa Fernández Bello.
El documento también fue remitido al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) y a la Contraloría General del Estado, con la solicitud de que se revisen los hechos y, en caso de acreditarse irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.
Entre los nombres incluidos en el anexo aparecen personas que los denunciantes identifican como familiares o personas con vínculos de parentesco con integrantes del Cabildo.
En el caso del alcalde José Antonio Sangabriel Fernández, se menciona a Zaida Abigail Portilla Portilla y Briseia Sangabriel, señaladas en el documento como hijastra y sobrina, respectivamente.
Respecto de la síndica Estefanía Cruz Morales, el listado incluye a personas identificadas como suegra, tías, sobrinos y otros familiares políticos. Entre ellas aparecen Eva Gabriel Hernández, Rosalía, Briseida Ake Sangabriel, Tomás de Jesús González y Carlos Josué Ramos Goytia, entre otros.
En cuanto a la regidora primera Miriam Lagunes Marín, el documento señala a su esposo Arián Gabriel y a su concuña Claudia Aburto Viveros como personas incorporadas a la nómina municipal.
La denuncia también extiende los señalamientos a distintas áreas de la administración y organismos municipales, donde se plantea la existencia de otros vínculos familiares entre trabajadores y directivos.
El punto central: cómo se utiliza el dinero público
Más allá de los nombres, la preocupación expresada por los ciudadanos se concentra en el uso de los recursos públicos.
Los inconformes cuestionan que mientras existirían servidores públicos con relaciones familiares dentro de la estructura municipal y con percepciones consideradas elevadas, diversos sectores de Banderilla enfrentarían deficiencias en servicios que forman parte de las obligaciones básicas del gobierno local.
La pregunta que plantean es directa: ¿se están utilizando los recursos municipales con criterios de capacidad y necesidad institucional, o existen espacios reservados para grupos familiares y personas cercanas al poder?
Responderla requiere revisar contratos, nombramientos, parentescos, perfiles profesionales, funciones desempeñadas, salarios y las condiciones bajo las cuales fueron incorporadas estas personas a la administración.
Solicitan sanciones si se acreditan irregularidades
Los promoventes pidieron que, si durante la investigación se comprueban faltas administrativas graves relacionadas con nepotismo u otras conductas contrarias a la legislación, se apliquen las sanciones que correspondan.
Entre las consecuencias previstas por la normativa para determinadas faltas administrativas pueden encontrarse la suspensión, destitución, sanciones económicas e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, dependiendo de la conducta acreditada y de la resolución de la autoridad competente.
El escrito fue recibido y sellado el 18 de agosto de 2026. Los ciudadanos aseguran que, conforme a los plazos que les fueron informados, ya habría transcurrido el periodo previsto para recibir respuesta sin que hasta ahora se les haya comunicado una determinación sobre el planteamiento.
Por ello, solicitaron al nuevo titular del Órgano Interno de Control, Jaime Limón, asumir el caso y realizar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.
Los denunciantes advirtieron finalmente que se reservan el derecho de acudir ante otras instancias para presentar las denuncias correspondientes.
El caso coloca nuevamente sobre la mesa uno de los reclamos más sensibles en la administración pública: que cada peso del erario debe responder a las necesidades de la ciudadanía y no a relaciones personales o familiares.
Ahora corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y de control determinar si los señalamientos tienen sustento, deslindar responsabilidades y, en su caso, garantizar que la nómina municipal se integre bajo criterios de legalidad, mérito y transparencia.
Redacción Reportaje Veracruzano
