“SI NO LE BAJAS DE HUEVOS, TE VOY A MANDAR A LEVANTAR”: DENUNCIAN AMENAZAS CONTRA PERIODISTA ATRIBUIDAS A EXALCALDE DE TATAHUICAPAN
Cosoleacaque, Ver.— La libertad de expresión volvió a quedar en el centro de la tormenta política del sur de Veracruz. Un comunicador de Cosoleacaque acudió ante la Fiscalía General del Estado para denunciar presuntas amenazas de muerte que atribuye a Eusebio “N”, exalcalde de Tatahuicapan y actualmente coordinador distrital del Partido del Trabajo en la zona sur.
De acuerdo con la denuncia presentada por el periodista, la noche del pasado 31 de agosto recibió una llamada en su teléfono personal durante la cual habría sido confrontado por publicaciones periodísticas críticas hacia el exfuncionario y su entorno político.
Según lo asentado en la carpeta de investigación CLC/DXXI/F2/415/2026, el denunciante sostiene que durante la comunicación recibió expresiones intimidatorias, entre ellas la exigencia de que “le bajara de huevos”, además de amenazas de agresión física y, presuntamente, la advertencia de que podrían “mandarlo a levantar” si continuaba publicando información en su contra.
El comunicador afirma además que existen testigos de la conversación.
El asunto no es menor. Una cosa es responder políticamente a una crítica, aclarar una publicación, presentar una denuncia por difamación o ejercer cualquier mecanismo legal disponible. Otra muy distinta sería utilizar el poder político, las amenazas o la intimidación para intentar silenciar a quien ejerce el periodismo.
Y ahí es donde las autoridades tendrán que llegar hasta las últimas consecuencias.
Porque si la investigación confirma lo denunciado, la pregunta resulta inevitable: ¿qué clase de poder político cree que puede intimidar a un periodista para impedirle publicar?
Eusebio “N” no solamente tiene antecedentes como presidente municipal de Tatahuicapan; actualmente ocupa una posición partidista como coordinador distrital del PT, mientras su hijo, Vladimir González, encabeza el gobierno municipal.
Ese contexto vuelve todavía más delicada la denuncia, pues coloca bajo escrutinio la manera en que los actores políticos reaccionan cuando son cuestionados públicamente.
El denunciante sostiene que las presuntas amenazas estarían relacionadas directamente con publicaciones periodísticas que incomodaron al exalcalde. Corresponderá ahora a la autoridad ministerial determinar qué ocurrió realmente, identificar a quienes participaron en la comunicación y establecer las responsabilidades que correspondan.
EL PERIODISMO NO SE NEGOCIA CON AMENAZAS
La discusión de fondo no debería reducirse a una disputa personal entre un político y un comunicador.
Cuando un funcionario, exfuncionario o dirigente partidista es cuestionado, tiene derecho a responder. No tiene derecho a convertir el poder político en una herramienta de intimidación.
Y si alguien considera falsa una publicación, existen tribunales, fiscalías, mecanismos de réplica y vías legales.
Lo que no puede normalizarse es que un periodista tenga que preguntarse si una nota sobre un personaje político puede convertirlo en blanco de una amenaza.
La Fiscalía tiene ahora una responsabilidad fundamental: investigar sin simulaciones, sin privilegios y sin mirar hacia otro lado.
Porque una carpeta de investigación no puede convertirse en un trámite burocrático más cuando lo que está en juego es la seguridad de una persona dedicada a informar.
EL CONFLICTO ESCALA HASTA EL ENTORNO FAMILIAR
La denuncia también revive cuestionamientos previos alrededor del entorno familiar y político de los González.
En 2025 trascendió públicamente un incidente ocurrido durante fiestas patronales en Tatahuicapan, en el que Luz Elena González Martínez, identificada como hija de Eusebio “N” y hermana del actual alcalde, habría protagonizado una agresión física contra una mujer de ascendencia indígena.
De acuerdo con la versión difundida entonces, el conflicto habría surgido después de que la mujer aceptara bailar con Eusebio González, situación que presuntamente provocó una reacción de celos.
Estos antecedentes deben ser tratados como señalamientos y no como hechos judicialmente acreditados mientras no exista una resolución que determine responsabilidades.
Pero el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una familia con presencia política comienza a interpretar la crítica pública como una afrenta personal?
El caso del comunicador de Cosoleacaque obliga a responderla.
Por ahora existe una denuncia formal y una investigación abierta. No corresponde condenar anticipadamente a nadie, pero tampoco minimizar una acusación que involucra presuntas amenazas contra un periodista.
Si las palabras fueron realmente pronunciadas, la Fiscalía deberá esclarecer quién las dijo, por qué fueron dichas y hasta dónde llegó la intimidación.
Porque en una democracia las críticas se contestan con argumentos.
No con amenazas.
Redacción Reportaje Veracruzano
