“SÍ TRABAJAN”, RESPONDE AHUED: SOBRINOS DE AMLO EN LA NÓMINA DE VERACRUZ Y UN SUELDO DE $106 MIL PONEN AL GOBIERNO BAJO LA LUPA
El secretario de Gobierno confirmó que Pedro Arturo, Tarheni y Erandi López Herrería forman parte de la estructura estatal y rechazó que sean “aviadores”. Pero una pregunta permanece sobre la mesa: ¿cómo llegaron a esos cargos y bajo qué criterios se fijaron sus percepciones?
Xalapa, Ver.— La polémica no terminó con una explicación oficial. Apenas comenzó.
Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno de Veracruz, confirmó que Pedro Arturo López Herrería, Tarheni López Herrería y Erandi López Herrería, hijos de Arturo López Obrador y sobrinos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, forman parte de la estructura gubernamental.
La confirmación llegó después de los señalamientos difundidos públicamente sobre la presencia de los tres familiares en la nómina estatal.
Ahued fue tajante en su defensa: no son aviadores, trabajan y tienen derecho a ocupar un empleo público.
Pero ahí aparece la pregunta que el Gobierno de Veracruz todavía tiene que responder con algo más que una defensa personal:
¿Tener derecho a trabajar explica también por qué fueron ellos quienes obtuvieron esos cargos?
El secretario particularmente defendió a Pedro Arturo López Herrería, de quien dijo conocer su trayectoria desde pequeño y explicó que estudió en la misma escuela que sus hijos.
Ahued negó que el parentesco con Andrés Manuel López Obrador hubiera influido en su incorporación al Gobierno estatal.
La explicación, sin embargo, abre un terreno incómodo para cualquier administración que pretenda acreditar procesos transparentes de contratación:
¿Cuál fue el procedimiento mediante el cual obtuvo el cargo?
¿Hubo convocatoria?
¿Existió concurso?
¿Se comparó su perfil con el de otros aspirantes?
¿Quién autorizó su contratación?
¿En qué fecha ingresó?
¿Cuáles son exactamente sus funciones?
¿Y cuánto cobra?
No son preguntas partidistas. Son preguntas elementales cuando se habla de recursos públicos.
EL CASO QUE MÁS PRESIÓN GENERA
La controversia adquiere otra dimensión con el caso de Erandi López Herrería, señalada como nueva rectora del Colegio de Veracruz con percepciones reportadas de 106 mil 433 pesos mensuales.
Ahued defendió igualmente su trayectoria y aseguró que se trata de una profesionista que trabaja.
Pero cuando fue cuestionado específicamente sobre los salarios, el propio secretario reconoció que no tenía en ese momento la información suficiente para determinar si el monto era alto, bajo, si había sido modificado o cómo se justificaba.
Y ahí aparece el verdadero problema.
Porque la discusión no consiste en demostrar si una persona trabaja o no trabaja.
La discusión pública es otra:
¿El sueldo corresponde al cargo?
¿El perfil corresponde a la responsabilidad?
¿El nombramiento siguió las reglas aplicables?
¿Y el mismo puesto habría estado disponible para cualquier otro profesionista con un perfil equivalente?
Esas respuestas no se obtienen calificando a alguien como “decente”, “trabajador” o “buen padre de familia”.
Se obtienen revisando documentos.
NO ES EL APELLIDO; ES EL CRITERIO
Conviene separar las cosas.
Ser sobrino de un expresidente no constituye por sí mismo una irregularidad.
Tampoco es ilegal que un familiar de un político trabaje en el Gobierno si cumple con los requisitos legales y fue contratado conforme a los procedimientos correspondientes.
Pero precisamente por eso la exigencia de transparencia debería ser todavía mayor.
Porque cuando existe un apellido políticamente relevante dentro de una nómina gubernamental, la administración tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que el parentesco no representó una ventaja indebida.
Ahued sostiene que no la hubo.
Perfecto.
Entonces los documentos deberían poder hablar por sí mismos.
LA DEFENSA DE AHUED Y EL ESPEJO DEL PODER
El secretario recurrió también a una comparación con gobiernos anteriores para cuestionar las críticas contra funcionarios que, según su versión, sí cumplen con su trabajo.
Su argumento fue que durante otros gobiernos existieron personas que cobraban sin trabajar y que sería injusto señalar ahora a quienes cumplen sus funciones.
El razonamiento puede ser políticamente entendible, pero periodísticamente tiene una debilidad:
que antes hubiera aviadores no convierte automáticamente en legítimo cualquier nombramiento actual.
Una administración no se evalúa solamente por lo que hicieron sus antecesores.
Se evalúa por sus propios estándares.
EL GOBIERNO TIENE UNA SALIDA SENCILLA
La controversia podría despejarse con información pública.
Nombres.
Cargos.
Fechas de ingreso.
Currículums.
Tabuladores.
Percepciones.
Contratos.
Nombramientos.
Funciones.
Y, sobre todo, los criterios mediante los cuales fueron seleccionados.
Si todo está en regla, la documentación debería cerrar el debate.
Si existen diferencias entre los perfiles, los cargos y las remuneraciones, entonces corresponderá explicar por qué.
Porque en una administración que maneja dinero público, la confianza no se construye diciendo “sí trabajan”.
Se construye demostrando por qué fueron contratados, cuánto cobran y qué resultados producen.
EL APELLIDO NO LOS CONDENA. PERO TAMPOCO LOS EXIME DE ESCRUTINIO.
Y esa es justamente la pregunta que queda flotando sobre la nómina del Gobierno de Veracruz:
¿Estamos ante tres profesionistas que consiguieron legítimamente una oportunidad laboral dentro del servicio público o ante una muestra más de cómo las relaciones familiares y políticas siguen pesando en el acceso al poder?
La respuesta no debería darla ningún partido.
Deberían darla los documentos.
Y si los documentos están limpios, que se publiquen.
Redacción Reportaje Veracruzano
