Acusan a Ramos Alor de presionar a comités de salud para favorecer a proveedores en Veracruz
La selección de empresas para ejecutar obras y suministrar equipo a unidades médicas volvió a colocar bajo cuestionamiento la operación del programa federal La Clínica es Nuestra en Veracruz. Integrantes de los comités comunitarios denunciaron presuntas instrucciones para modificar sus procedimientos de contratación y considerar proveedores previamente avalados por funcionarios del sector salud.
Los señalamientos apuntan a Roberto Ramos Alor, responsable del IMSS-Bienestar en Veracruz; Leonel Efrén Rivera Pinete, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), y otros funcionarios que habrían intervenido en las indicaciones comunicadas a los representantes comunitarios.
De acuerdo con las denuncias difundidas por medios locales, la inconformidad se hizo pública después de una reunión celebrada el martes 13 de octubre, convocada por Miriam Fajardo Soto, jefa del Departamento de Acción Comunitaria de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.
Los asistentes sostuvieron que, durante las dos semanas previas, comenzaron a recibir indicaciones para modificar la manera en que seleccionaban a las empresas encargadas de realizar trabajos de rehabilitación y suministrar equipamiento a las unidades médicas.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la presunta presentación de una lista de al menos seis empresas que contarían con el visto bueno de funcionarios. Según los integrantes de los comités, la instrucción habría sido considerar a esos proveedores, pese a que algunos ya habían solicitado cotizaciones por su cuenta para atender las necesidades de sus clínicas.
En las publicaciones también se menciona a Hugo Cristian Mora Mávil, identificado como jefe de Servicios Jurídicos del área regional Veracruz Norte del IMSS, a quien los denunciantes atribuyen indicaciones relacionadas con los procedimientos de contratación.
Hasta ahora, la información difundida no permite establecer que las seis empresas hayan recibido contratos, ni acredita que se hayan concretado adjudicaciones irregulares. Tampoco se han documentado públicamente los criterios con los que fueron integradas a la lista señalada por los comités.
La autonomía de los comités, en el centro de la controversia
El cuestionamiento adquiere relevancia por la naturaleza de La Clínica es Nuestra, programa federal que entrega recursos a los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), encargados de identificar necesidades y participar en la administración del dinero destinado a mejorar las unidades médicas.
Las reglas de operación publicadas para el ejercicio fiscal 2024 establecieron que el programa no contrata ni recomienda empresas o proveedores para ejecutar las obras, pues esa decisión corresponde a las comunidades. Sin embargo, para determinar si las instrucciones denunciadas contravienen las disposiciones aplicables en 2026, es necesario revisar la normativa vigente y cualquier modificación posterior.
El reclamo, por tanto, no se limita a la identidad de los proveedores. También pone sobre la mesa quién decide cómo se utilizan los recursos públicos destinados a las clínicas y bajo qué criterios se elige a las empresas que ejecutan las obras o suministran el equipo.
Los denunciantes solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y del delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, a fin de que se revisen las instrucciones comunicadas y se aclare si existe una disposición oficial que respalde esos cambios.
Un antecedente que vuelve a poner el foco sobre el programa
La controversia se suma a señalamientos difundidos en julio de 2026, cuando trabajadores del programa denunciaron presuntas presiones para recomendar proveedores y situaciones de hostigamiento laboral dentro de su estructura estatal.
En aquella ocasión fue mencionada Keyla Rodríguez Sánchez, identificada como coordinadora estatal del programa, así como tres empresas con sede en Hidalgo: Distribuidora y Consultoría Mara, RP Medic Group y Med Clinical Research.
Aunque ambos episodios giran en torno a denuncias relacionadas con proveedores y la operación del programa, no existe información suficiente para afirmar que se trate de las mismas empresas, de una misma operación o de hechos que hayan sido acreditados por una autoridad.
Al cierre de la información difundida el 15 de octubre, no se había consignado una respuesta de Ramos Alor, Rivera Pinete ni de las instituciones involucradas sobre los señalamientos más recientes.
La explicación oficial resulta necesaria para esclarecer quién elaboró la lista de proveedores, con qué criterios fueron seleccionados, si hubo instrucciones formales dirigidas a los comités y qué mecanismos de supervisión se aplican al ejercicio de los recursos.
Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta documentada, las acusaciones continúan en el terreno de las denuncias públicas. La revisión de contratos, cotizaciones, comunicaciones oficiales y reglas vigentes será fundamental para determinar si hubo una intervención indebida en las decisiones de los comités o si las indicaciones tenían otro fundamento administrativo.
