TEPJF ordena reabrir denuncias contra alcaldes de Morena y funcionaria del Tecnológico de Zongolica
Xalapa, Ver.— La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reabrir parcialmente tres asuntos relacionados con denuncias del partido SOMOS contra servidores públicos de Veracruz, señalados por su presunta asistencia a actividades de Morena durante días y horarios laborales.
Las resoluciones, correspondientes a los expedientes SX-JG-109/2026, SX-JG-110/2026 y SX-JG-111/2026, revocaron parcialmente determinaciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que había confirmado el desechamiento de las quejas presentadas ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE). <Cite refs={[«turn709948search0»]}/>
Entre las personas denunciadas figuran Eduardo Pozos Pérez, alcalde de Xico; Daniela Villegas Olmos, presidenta municipal de Teocelo; Claudia Liliana Castillo Pimentel, alcaldesa de Ayahualulco, y Ubaldo Odilón Pérez Vallejo, presidente municipal de Totutla. También fue señalada Irma Mezhua Campos, directora del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, además de cinco servidores públicos del Ayuntamiento de Xico.
El órgano jurisdiccional federal consideró que las quejas no debían cerrarse sin agotar las diligencias necesarias. Para iniciar una investigación electoral no se requiere demostrar desde el principio que existió una infracción, sino contar con indicios mínimos que justifiquen indagar los hechos.
En el caso de las personas servidoras públicas de Xico, la Sala determinó que el OPLE debía admitir e investigar los hechos mediante el Procedimiento Especial Sancionador. Respecto al alcalde de Totutla, dejó sin efectos el desechamiento en lo relacionado con la conclusión anticipada del procedimiento, al considerar que la valoración preliminar no justificaba cerrar el asunto.
En el tercer expediente, el tribunal federal también revocó parcialmente la resolución local al advertir que existían elementos pendientes de investigar que podrían aportar más indicios sobre los hechos denunciados. <Cite refs={[«turn709948search0»]}/>
Las indagatorias deberán esclarecer las circunstancias en que habrían ocurrido las actividades señaladas y determinar si existió un posible uso de recursos públicos materiales, humanos o financieros con fines partidistas.
Las denuncias fueron promovidas por SOMOS, que impugnó las decisiones de las autoridades electorales locales al considerar que no se habían agotado las diligencias necesarias. Con las resoluciones federales, los procedimientos deberán continuar en los términos ordenados por la Sala Regional.
La determinación no acredita que los funcionarios hayan cometido una infracción ni implica que exista una sanción en su contra. Corresponderá a las autoridades electorales reunir y valorar las pruebas para establecer si hubo responsabilidades.
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