Fiscalía exhibida: sin pruebas, se desploma juicio por desvío de 113 MDP en DIF duartista
En un nuevo capítulo del bochornoso desfile de impunidad que ha caracterizado al caso del presunto fraude en el DIF veracruzano, la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigida por Verónica Hernández Giadáns, fue incapaz de presentar pruebas suficientes, y el Tribunal Superior de Justicia absolutorio revocó la sentencia condenatoria contra dos exfuncionarios vinculados al desfalco de más de 113 millones de pesos .
El caso se desmorona
Desde abril de 2020, diez personas fueron detenidas por el supuesto desvío de recursos del DIF durante la administración de Karime Macías Tubilla (entonces presidenta del patronato), ligados a empresas fantasma que facturaron compras de mochilas, despensas y zapatos sin entrega real. Dos de los acusados —César “N” y Claudia “N”— fueron puestos en la mira de la fiscalía, con base en testimonios y documentos simulados .
Fiscales sin pruebas, cárcel llena de inocentes
La fatal falla: la FGE no incorporó los contratos supuestamente simulados ni los sustentos documentales necesarios durante el juicio. El tribunal determinó que “el material probatorio no es apto, ni suficiente para justificar la existencia del ilícito de fraude específico” (artículos 216 y 217 del Código Penal de Veracruz) y concluyó que no se acreditó “fehacientemente que los inculpados hubieran simulado actos jurídicos que generaran perjuicio patrimonial” .
La fiscalía hizo recaer la acusación especialmente en una testigo, exjefa de Licitaciones del DIF, quien admitió haber falsificado firmas de personas inocentes para avalar pagos a empresas inexistentes —presuntamente bajo instrucciones del subdirector de Recursos Materiales, hoy preso . Pero ni esos testimonios ni los peritajes grafómetricos ni contables resistieron el escrutinio: el perito reconoció que no contaba con evidencia de entrega de bienes ni evidencia de recepción, convirtiendo su dictamen en una mera presunción técnica insuficiente según el estándar penal “más allá de toda duda razonable” .
Amparos y tribunales frenan avalancha de condenas
El fallo absolutorio fue respaldado por unanimidad por las magistradas que integran la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia: Denisse de los Ángeles Uribe Obregón (ponente), María del Socorro Hernández Cadena (presidenta de Sala) y Patricia Molina Gimbernat (secretaria de Estudio y Cuenta) .
Previamente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito otorgó amparo a los acusados al considerar que las pruebas presentadas no cumplían los requisitos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implicó una violación al artículo 20 constitucional .
Impunidad distraída y extradición paralizada
Con este desenlace judicial, los vínculos que acercaban a Karime Macías Tubilla —quien enfrenta procesos desde el Reino Unido y enfrenta resistencia a la extradición— quedan aún más frágiles. El caso, lejos de avanzar, se convierte en otro refrendo de impunidad para la élite política veracruzana .
Conclusión
La incapacidad probatoria de la Fiscalía no sólo permitió la absolución de acusados, sino que fortalece el relato de una persecución legal mal fundamentada, carente de rigor y eficacia. Este fracaso judicial no solo es una afrenta para la justicia, sino una afrenta para los veracruzanos que exigían resultados tras años de escándalo y desvío impune. Y mientras la justicia se deshace en tecnicismos, la acusada de fondo —Karime Macías— sigue intacta, con su extradición aún en pausa y su figura envuelta en sombras de corrupción que aún no se esclarecen.
¿Te gustaría que exploráramos las implicaciones políticas de este fallo o cómo está reaccionando la ciudadanía a esta nueva vuelta de tuerca?
En un nuevo capítulo del bochornoso desfile de impunidad que ha caracterizado al caso del presunto fraude en el DIF veracruzano, la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigida por Verónica Hernández Giadáns, fue incapaz de presentar pruebas suficientes, y el Tribunal Superior de Justicia absolutorio revocó la sentencia condenatoria contra dos exfuncionarios vinculados al desfalco de más de 113 millones de pesos .
El caso se desmorona
Desde abril de 2020, diez personas fueron detenidas por el supuesto desvío de recursos del DIF durante la administración de Karime Macías Tubilla (entonces presidenta del patronato), ligados a empresas fantasma que facturaron compras de mochilas, despensas y zapatos sin entrega real. Dos de los acusados —César “N” y Claudia “N”— fueron puestos en la mira de la fiscalía, con base en testimonios y documentos simulados .
Fiscales sin pruebas, cárcel llena de inocentes
La fatal falla: la FGE no incorporó los contratos supuestamente simulados ni los sustentos documentales necesarios durante el juicio. El tribunal determinó que “el material probatorio no es apto, ni suficiente para justificar la existencia del ilícito de fraude específico” (artículos 216 y 217 del Código Penal de Veracruz) y concluyó que no se acreditó “fehacientemente que los inculpados hubieran simulado actos jurídicos que generaran perjuicio patrimonial” .
La fiscalía hizo recaer la acusación especialmente en una testigo, exjefa de Licitaciones del DIF, quien admitió haber falsificado firmas de personas inocentes para avalar pagos a empresas inexistentes —presuntamente bajo instrucciones del subdirector de Recursos Materiales, hoy preso . Pero ni esos testimonios ni los peritajes grafómetricos ni contables resistieron el escrutinio: el perito reconoció que no contaba con evidencia de entrega de bienes ni evidencia de recepción, convirtiendo su dictamen en una mera presunción técnica insuficiente según el estándar penal “más allá de toda duda razonable” .
Amparos y tribunales frenan avalancha de condenas
El fallo absolutorio fue respaldado por unanimidad por las magistradas que integran la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia: Denisse de los Ángeles Uribe Obregón (ponente), María del Socorro Hernández Cadena (presidenta de Sala) y Patricia Molina Gimbernat (secretaria de Estudio y Cuenta) .
Previamente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito otorgó amparo a los acusados al considerar que las pruebas presentadas no cumplían los requisitos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implicó una violación al artículo 20 constitucional .
Impunidad distraída y extradición paralizada
Con este desenlace judicial, los vínculos que acercaban a Karime Macías Tubilla —quien enfrenta procesos desde el Reino Unido y enfrenta resistencia a la extradición— quedan aún más frágiles. El caso, lejos de avanzar, se convierte en otro refrendo de impunidad para la élite política veracruzana .
Conclusión
La incapacidad probatoria de la Fiscalía no sólo permitió la absolución de acusados, sino que fortalece el relato de una persecución legal mal fundamentada, carente de rigor y eficacia. Este fracaso judicial no solo es una afrenta para la justicia, sino una afrenta para los veracruzanos que exigían resultados tras años de escándalo y desvío impune. Y mientras la justicia se deshace en tecnicismos, la acusada de fondo —Karime Macías— sigue intacta, con su extradición aún en pausa y su figura envuelta en sombras de corrupción que aún no se esclarecen.
Redacción Reportaje Veracruzano
