Tras el motín del 2 de agosto, el Cereso de Tuxpan se hunde en un régimen de abusos, vejaciones y represión encubierta
Tuxpan, Ver. – 15 de septiembre de 2025. El motín registrado la noche del sábado 2 de agosto en el Cereso de Tuxpan no fue el final de la crisis, sino el inicio de una etapa aún más oscura. Lejos de restablecer el orden con base en la ley, las autoridades penitenciarias y la Secretaría de Seguridad Pública han instaurado un régimen de represalias, maltratos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto de los internos como de sus familias.
Familias humilladas como castigo colateral
Desde el motín, los familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) denuncian que cada visita se ha convertido en un calvario. Revisiones corporales degradantes, tocamientos en partes íntimas de mujeres y requisas humillantes a hombres forman parte del “nuevo control” impuesto por los custodios. La violencia simbólica y física alcanza no solo a los internos, sino a quienes van a darles un poco de aliento.
Custodios como verdugos tras la revuelta
Con el arribo de nuevos custodios de la SSP, el ambiente interno se tornó represivo. Los testimonios de internos hablan de vejaciones, maltratos físicos y tortura psicológica como medida de castigo general tras el motín. La respuesta del Estado no ha sido la reconciliación ni la reinserción, sino el endurecimiento brutal del régimen penitenciario.
Un penal sin luz ni salud
Las condiciones materiales del Cereso rozan lo inhumano: el suministro eléctrico se restringe a ratos y con baja intensidad. Las parrillas eléctricas para preparar alimentos son inservibles y los talleres de reinserción permanecen apagados desde agosto.
El sistema de salud, por su parte, es una simulación: consultas deficientes, medicamentos inexistentes y ausencia total de atención especializada. Cualquier enfermedad puede convertirse en sentencia mortal.
¿Reinserción o venganza institucional?
El discurso de reinserción social se ha desmoronado tras el motín. Lo que queda es un sistema de castigo colectivo, abusos normalizados y un silencio oficial que exhibe la complicidad del Estado.
Preguntas que no pueden silenciarse:
- ¿La gobernadora Rocío Nahle y la SSP de Veracruz toleran que, bajo el pretexto del motín, se institucionalice la tortura y la humillación?
- ¿Por qué la Comisión Estatal de Derechos Humanos guarda silencio frente a denuncias tan graves?
- ¿Hasta dónde llegará la represión disfrazada de “control penitenciario”?
El motín del 2 de agosto fue un grito desesperado desde el encierro. Hoy, la respuesta del Estado ha sido convertir el Cereso de Tuxpan en un infierno de venganza institucionalizada, donde cada abuso y cada silencio oficial pesa como una condena más.
Redacción Reportaje Veracruzano
