Corrupción y crimen en el penal de Jalacingo: internos denuncian red de extorsión y complicidad institucional
Jalacingo, Ver. – El Centro de Readaptación Social de Jalacingo, que debería ser un espacio de reinserción y legalidad, se encuentra hundido en una cloaca de corrupción, impunidad y terror. Familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) han alzado la voz para denunciar un sistema de extorsión interno, operado por reos con presunta protección de custodios y autoridades penitenciarias.
El principal señalado es Emmanuel Tejeda Tejeda, originario de Atzalan, actualmente preso por el secuestro y homicidio de un menor de edad –su propio primo–, y cuyo caso sigue en proceso judicial. De acuerdo con los testimonios, Tejeda ha tejido dentro del CERESO una red de poder y violencia, apoyado por su pareja sentimental y por los hermanos Mora Salas, quienes actúan como cómplices en la extorsión sistemática de reclusos recién ingresados.
Un penal secuestrado desde adentro
Las denuncias describen un mecanismo brutal: las víctimas son marcadas, vigiladas y sometidas a videollamadas de intimidación para obligarlas a pagar cuotas. Paralelamente, existe el señalamiento de que dentro del penal se distribuye droga con la complicidad de custodios, quienes permiten el ingreso de estupefacientes a cambio de sobornos.
El nombre de Sergio Salas aparece también en estos reportes, señalado como parte de la operación criminal interna. Los familiares sostienen que Emmanuel Tejeda presume ser intocable al ostentar presuntos vínculos con el Cártel Jalisco, lo que le permite operar sin restricciones en un centro penitenciario que debería estar bajo control del Estado.
¿Director cómplice o autoridad ausente?
Lo más grave es que las denuncias apuntan directamente a la dirección del CERESO de Jalacingo, señalando omisión deliberada e incluso tolerancia a estas actividades. Se acusa que el director ha hecho caso omiso a los reclamos, permitiendo que la extorsión y la venta de droga sigan en curso.
Los familiares exigen el traslado inmediato de los internos denunciados, alertando que no es la primera vez que estos reclusos intentan extorsionar y que cada día de inacción aumenta el riesgo de nuevas víctimas dentro del penal.
Llamado directo a la Fiscal General
En un comunicado urgente, las familias dirigieron su petición a la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, exigiendo que no se archive esta denuncia y que se actúe contra la red criminal que opera en Jalacingo bajo el amparo de la corrupción institucional.
El penal, lejos de ser un espacio de readaptación, se ha convertido en un territorio controlado por mafias internas. El silencio oficial y la omisión de las autoridades no son simples negligencias: son complicidades que ponen en evidencia un sistema penitenciario colapsado, donde el crimen gobierna y la ley es una farsa.
Redacción Reportaje Veracruzano
