La reciente denuncia de una adolescente veracruzana de 16 años, que decidió huir de su casa en la colonia Carmen Romano porque “ya no aguantaba el maltrato de su padre”, es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando las instituciones fallan en lo más elemental: proteger a los niños y adolescentes.
Según su propio testimonio, fue víctima de abuso sexual a los ocho años, sufrió hostigamiento constante y vivió en un ambiente de violencia que la obligó a buscar refugio en la casa de una amiga. No huyó con un novio, como algunos insinuaron; huyó del infierno que la rodeaba.
Aquí la pregunta es obligada: ¿dónde estaban el DIF, la Fiscalía, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes? La respuesta es simple y dolorosa: no estaban. Y cuando el Estado no está, se convierte en cómplice por omisión.
Mientras tanto, el padre, señalado por su propia hija, sigue libre y tuvo el descaro de amenazar con “regresar por ella”. ¿Qué esperan las autoridades para actuar? ¿Un feminicidio más?
La hipocresía institucional en Veracruz se desnuda sola: discursos llenos de “compromisos” por la niñez, pero niñas y adolescentes siguen huyendo, denunciando en soledad y rogando por protección.
Si esta joven no hubiera tenido la valentía de alzar la voz, hoy estaríamos escribiendo otra nota roja. Ese es el nivel de riesgo al que el Estado expone a las víctimas cuando las abandona.
Redacción Reportaje Veracruzano
