“JUSTICIA PODRIDA”: ACUSAN A TRES MINISTERIALES DE FABRICAR UNA CARPETA Y MANDAR A PRISIÓN A SU PROPIO COMPAÑERO
El caso expone nuevamente las grietas profundas —y cada vez más imposibles de ignorar— dentro de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, una institución que insiste en pregonar legalidad mientras permite que algunos de sus propios elementos conviertan la justicia en un arma contra quien les estorbe.
El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra tres policías ministeriales acusados de un hecho tan grave como común en los sótanos del sistema: fabricar una carpeta de investigación con datos falsos para incriminar a otro agente.
Los señalados son Roberto Carlos García Cárdenas, Marco Antonio Montiel Pérez y Jesús Rivera Cartagena, quienes presuntamente cocinaron una carpeta plagada de inconsistencias para incriminar al comandante Antonio Rodríguez, a quien acusaron de recibir un supuesto cohecho de 3 mil pesos.
Ese expediente —hoy bajo la lupa— fue suficiente para arrancar al comandante de su libertad: pasó un año y cuatro meses en prisión, pese a que, según su defensa, jamás existieron elementos reales, verificables o jurídicamente sólidos que demostraran su culpabilidad.
Mundo Arriasa sostiene que no se trató de un error ni de un exceso, sino de un acto deliberado. Ahora busca que quienes fabricaron las pruebas paguen penalmente por ello y que su cliente sea declarado absolutamente libre de responsabilidad, como debió haber ocurrido desde el principio.
El abogado lanzó una crítica directa al corazón de la Fiscalía veracruzana: los abusos persisten, los protocolos no se respetan y el nuevo sistema penal acusatorio —que prometía transparencia y rigor legal— es manejado por funcionarios que, en muchos casos, ni lo conocen ni lo entienden.
“No litigamos contra las leyes —advirtió— sino contra instituciones que no respetan el marco legal”.
Una declaración que resume el sentir de cientos de víctimas del aparato de justicia estatal.
A casi una década de haber entrado en operación el nuevo sistema penal, el caso vuelve a exhibir lo que muchos operadores jurídicos han denunciado en silencio: la procuración de justicia en Veracruz sigue atrapada entre la improvisación, el desconocimiento y prácticas que, lejos de erradicarse, parecen reproducirse dentro de la misma institución encargada de perseguirlas.
El proceso contra los tres ministeriales apenas comienza, pero la pregunta de fondo es otra y mucho más incómoda:
¿cuántos expedientes más —cuántas vidas más— han sido torcidas con la misma facilidad?
Redacción Reportaje Veracruzano
