Congreso de Veracruz aprueba reforma para que la gobernadora pueda remover y proponer fiscal estatal
Xalapa, Ver. — Con 43 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Congreso de Veracruz avaló este 26 de noviembre de 2025 una reforma constitucional que redefine el proceso de designación, ratificación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE). La reforma entrega a la Rocío Nahle García la facultad de proponer, ratificar o remover al fiscal, con aprobación del Congreso.
Qué cambia con la reforma
- Se reduce el periodo del cargo de fiscal de 9 a 4 años, con posibilidad de una ratificación por otro periodo igual, a discreción del Ejecutivo.
- El método de nombramiento abandona el esquema de convocatorias o ternas: ahora la gobernadora propondrá al candidato directamente. El Congreso tendrá un plazo improrrogable de cinco días hábiles para aprobarlo; en caso de no pronunciarse, la designación se entenderá aceptada.
- Se otorga a la gobernadora facultad de remover al fiscal por causas graves, tras notificación al Congreso. El Legislativo podrá objetar, pero también tendrá un plazo breve para resolver.
- Los requisitos para aspirar al cargo se detallan claramente: ciudadanos mexicanos por nacimiento; al menos 30 años al momento de la designación; título de Derecho con mínimo 5 años de antigüedad; sin condenas por delitos graves; y haber acreditado control de confianza. Se exige además experiencia jurídica, capacidad administrativa, perspectiva de derechos humanos y enfoque de género.
Contexto e implicaciones
Para los impulsores de la reforma —diputados del bloque del partido que apoya a la gobernadora—, la iniciativa busca modernizar la procuración de justicia, crear “una cadena clara de responsabilidad” entre Ejecutivo, Congreso y Fiscalía, y evitar vacíos institucionales o negociaciones al momento de nombrar al fiscal.
Sin embargo, críticos advierten que este esquema pone en riesgo la autonomía de la Fiscalía, al subordinar la designación y remoción al Ejecutivo. El temor es que el órgano encargado de investigar delitos —incluidos corrupción, crímenes de alto impacto y violaciones a derechos humanos— pierda independencia, al depender directamente del poder político.
El dictamen ahora será enviado a los 212 ayuntamientos de la entidad para su ratificación. Solo después de obtener la mayoría de apoyos se podrá emitir la declaratoria de reforma y publicar el decreto en la Gaceta Oficial para entrar en vigor.
Qué significa para Veracruz
- Si la reforma se consolida, la gobernadora —ahora mujer en el cargo— tendrá un control decisivo sobre quién encabece la Fiscalía, durante buena parte de su mandato.
- Podría haber una reorganización profunda dentro de la FGE, con salida de la actual titular, Verónica Hernández Giadáns, y designación de un nuevo fiscal alineado con el Ejecutivo.
- El cambio preocupa a organizaciones de la sociedad civil, colectivos defensores de derechos humanos y víctimas potenciales: una Fiscalía sin autonomía real podría debilitar la investigación de crímenes contra la vida, corrupción, impunidad y abusos de poder.
Comentario editorial
La aprobación de esta reforma marca un punto de inflexión en la configuración del poder político en Veracruz. En nombre de la eficiencia y la gobernabilidad, se transfiere un control clave del sistema de justicia al Ejecutivo —algo con implicaciones profundas en un estado marcado por violencia, corrupción y dudas sobre la actuación institucional.
Para la ciudadanía, esto debe ser alerta roja: una Fiscalía dependiente puede traducirse en impunidad, encubrimiento o uso selectivo de la justicia. En un momento en que Veracruz necesita reforzar la confianza en las instituciones, este cambio podría significar un retroceso. Como medio comprometido con la transparencia y el cambio real, seguiremos de cerca el proceso de ratificación municipal y los movimientos para la designación del nuevo fiscal.
Redacción Reportaje Veracruzano
