“EL ESTADO QUE INVESTIGA… PERO TAMBIÉN CONTRATA”: FGR ENTREGÓ $300 MILLONES A UNA EMPRESA LIGADA A HUACHICOL Y TRÁFICO DE ARMAS
La Fiscalía General de la República (FGR) quedó expuesta en una contradicción que raya en lo grotesco: pagó más de 300 millones de pesos a una empresa que ella misma acusa de integrar una red criminal dedicada al huachicol, tráfico de armas y suministro de armamento a grupos delictivos. La información, investigada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela el funcionamiento de una maquinaria institucional donde los presuntos criminales no solo infiltraron al Estado… también cobraron del erario para protegerlo.
Lo que sigue no es una omisión: es un escándalo estructural.
LA EMPRESA SOSPECHOSA QUE LA FGR PUSO A CUIDAR SUS PROPIOS INMUEBLES
Entre 2020 y 2022, la FGR otorgó al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos a Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), una de las cinco compañías que —según el expediente penal 495/2025— eran instrumentalizadas para adquirir, rematricular y distribuir armas a grupos criminales.
La FGR investiga a SEICSA por:
- Participar en la red criminal vinculada a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
- Transferir armas que terminaban en manos del crimen organizado.
- Dar cobertura legal a portadores de armas mediante licencias de seguridad privada.
Pero la misma FGR… la contrató para vigilar sus edificios.
Un contrato de 2021 por sí solo alcanzó 181 millones de pesos: dinero público pagado para que una empresa señalada de tráfico de armas cuidara las instalaciones de la Fiscalía.
La paradoja es tan brutal que parece escrita por un novelista de ficción política. Pero es real.
EL OPERADOR: UN VIEJO CONOCIDO DELICTIVO Y DEL GOBIERNO
SEICSA ha tenido como representante legal a Jorge Enrique Alberts Ponce, identificado por la propia FGR como:
- Líder operativo de la red de tráfico de armas,
- Encargado de coordinar la rematriculación del armamento,
- Y operador de empresas vinculadas al desfalco millonario de Segalmex, incluido el uso de firmas también mencionadas en la Estafa Maestra.
La FGR sabe quién es.
La FGR lo investiga.
La FGR le firmó contratos multimillonarios.
CÓMO OPERABA LA RED: ARMAS “LEGALES” PARA EL CRIMEN
Los criminales recibían armas “blanqueadas” mediante licencias de portación emitidas a nombre de empresas de seguridad privada. La Policía no podía detenerlos “en flagrancia” porque, en papel, todo estaba en regla.
Era un blindaje burocrático perfecto para un negocio mortal.
NO FUE SOLO LA FGR: EL ESTADO ENTERO CONTRATÓ A LA RED CRIMINAL
El caso de SEICSA es solo una pieza de un rompecabezas de corrupción que atraviesa al gobierno federal completo. Entre 2018 y 2024, múltiples dependencias contrataron a empresas vinculadas con esta red, entre ellas:
- CFE, bajo Manuel Bartlett —264 mdp para vigilancia—
- IMSS, ISSSTE, SAT, Profeco, Lotería Nacional, INEA, Infonacot, INEGI, Capufe, INDEP, entre otras
- Instituto Nacional de Migración, para estaciones migratorias
- Aduanas de Tijuana, Nogales y Guaymas, zonas claves para el huachicol fiscal
El SAT incluso adjudicó contratos en puntos fronterizos donde pasa el combustible de contrabando.
Cada contrato fue un pase automático para que la red criminal operara legalmente desde dentro del Estado
EL NEXO QUE SALPICA A BARTLETT
La empresa Acurgen S.A. de C.V., también operada por Alberts Ponce, registra como domicilio Séneca 350, colonia Polanco, una propiedad en usufructo de Julia Abdalá, pareja del director de la CFE, Manuel Bartlett.
Ese mismo domicilio lo comparten otras empresas de la red, como SERPROSEP.
Y en ese mismo domicilio se firmaron contratos con Segalmex.
El triángulo:
Bartlett – Abdalá – empresas investigadas por tráfico de armas
no es circunstancial: es logístico, contractual y operativo.
LAS OTRAS EMPRESAS DE LA RED TAMBIÉN COBRARON DEL ERARIO
Además de SEICSA:
- Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V. —12 contratos, casi 57 mdp—
- SETER, S.A. de C.V. —3 contratos con Liconsa por casi 5 mdp—
Todas ellas están mencionadas en la causa penal 495/2025 como engranes del tráfico de armas ligado a Rocha Cantú.
LAS PREGUNTAS QUE NADIE EN EL GOBIERNO QUIERE RESPONDER
- ¿Cómo es posible que la FGR contrate a una empresa que ella misma señala como criminal?
- ¿Quién autorizó, firmó y avaló los contratos?
- ¿Por qué dependencias como el SAT y la CFE entregaron millones a firmas vinculadas al tráfico de armas y al huachicol?
- ¿Qué funcionarios facilitaron, ignoraron o encubrieron estas relaciones?
- ¿Por qué SEICSA y sus compañías hermanas lograron operar por años sin ser bloqueadas del padrón de proveedores?
- ¿Fue infiltración criminal, colusión institucional o ambas?
CONCLUSIÓN: UN ESTADO QUE FINANCIA A QUIEN DEBERÍA PERSEGUIR
Lo revelado por MCCI no es solo un caso más de corrupción: es evidencia de que el crimen organizado penetró directamente los mecanismos de seguridad del Estado, al punto de que la Fiscalía —la institución encargada de combatirlo— terminó pagándole por “proteger” sus edificios.
La pregunta ya no es cómo ocurrió.
La pregunta es quién permitió que ocurriera durante años.
Y la respuesta, guste o no, apunta hacia las más altas esferas del gobierno federal anterior.
Mientras no se finquen responsabilidades, este caso quedará como un símbolo devastador de un país donde los contratos públicos alimentan las mismas redes que producen la violencia que el Estado dice combatir.
Redacción Reportaje Veracruzano
