VERACRUZ: CUANDO INFORMAR SE CASTIGA—EL “TERRORISMO” COMO GARROTE CONTRA LA PRENSA
Coatzacoalcos, Ver.— En Veracruz, la línea que separa la justicia de la intimidación vuelve a desdibujarse peligrosamente. La detención del reportero de nota roja Rafael “N”, ejecutada la mañana del 24 de diciembre, ha encendido las alarmas del gremio periodístico y de organizaciones civiles que advierten un patrón: criminalizar el ejercicio informativo bajo figuras penales de máxima gravedad, como el “terrorismo”, para silenciar voces incómodas.
La aprehensión se realizó en cumplimiento del proceso penal COA 718/2025, por orden del Juzgado Primero de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, a cargo del juez José Guadalupe Nucamendi Albores. Agentes ministeriales detuvieron al comunicador afuera de su domicilio, alrededor de las 08:00 horas. Hasta aquí, la versión oficial. Lo que sigue, según la familia, es un rosario de irregularidades que exige explicación pública.
El hijo del reportero denunció que a su padre se le imputan conductas que, en los hechos, equiparan su labor periodística con la generación de pánico social, una interpretación que —de sostenerse— convertiría cualquier nota policiaca en un acto delictivo. “Lo que él dice o comenta como periodista ahora es terrorismo”, señaló, advirtiendo una lesión directa a la libertad de expresión.
Los señalamientos no terminan ahí. Cámaras de videovigilancia muestran que los agentes retiraron la camioneta del comunicador, aun cuando no estaba en funcionamiento. La familia afirma que había dinero en efectivo dentro del vehículo y que una parte fue sustraída. De confirmarse, estaríamos ante hechos que rebasan el debate jurídico y se adentran en el terreno de posibles abusos de autoridad.
En respuesta a la indignación pública, la gobernadora Rocío Nahle García aseguró que la detención no guarda relación con la libertad de expresión, sino con un proceso legal en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE). “Para la ley todos somos iguales”, declaró, y adelantó que solicitará a la Fiscal informes más detallados, subrayando que el Ejecutivo no puede intervenir para no vulnerar el debido proceso.
La FGE, por su parte, sostiene que existe una denuncia contra el reportero y que la identidad del denunciante se mantiene bajo la figura de “testigo protegido”. Sin embargo, el uso de esta reserva, en un caso que involucra la figura extrema de terrorismo, alimenta la opacidad y profundiza la desconfianza.
La reacción del gremio fue inmediata. Organizaciones y asociaciones de periodistas comenzaron a emitir pronunciamientos y a organizar protestas, advirtiendo que tipificar como terrorismo el trabajo informativo constituye una simulación de justicia y una persecución política. La Asociación Civil Reporteros Policíacos de Veracruz fue contundente: sin fundamento sólido, la acusación no es aplicación de la ley, sino castigo ejemplar.
El fondo del asunto es ineludible: si informar sobre hechos de violencia puede ser leído como “terrorismo”, la censura ya no necesita decretos; basta una orden de aprehensión. Veracruz enfrenta una prueba decisiva. O aclara, con transparencia y pruebas, por qué un periodista es tratado como terrorista; o confirmará, una vez más, que en el estado acusar es gobernar y callar es sobrevivir.
La presunción de inocencia es ley. La libertad de expresión, también. Y hoy, ambas están en el banquillo.
Redacción Reportaje Veracruzano
