“JUSTICIA AL REVÉS”: DETIENEN A MADRE QUE LLEVA 10 AÑOS BUSCANDO A SU HIJA EN SAN ANDRÉS TUXTLA
Mientras una madre asegura haber pasado una década peleando en tribunales para recuperar a su hija, en San Andrés Tuxtla ocurrió un hecho que ha comenzado a generar indignación y cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades municipales y judiciales: la detención de Katia Azuara Díaz y de su abogado, presuntamente sin orden judicial ni explicación clara, tras salir de una audiencia relacionada con el proceso 253/2019.
De acuerdo con la denuncia pública difundida por familiares y allegados, la mujer fue interceptada alrededor de las 18:00 horas de ayer por elementos de la Policía Municipal luego de concluir una audiencia inicial que —según afirman— ha sido suspendida en al menos 27 ocasiones dentro del distrito judicial de la región.
El caso ha escalado por la gravedad de las acusaciones: Katia Azuara Díaz sostiene que desde hace 10 años su hija fue sustraída por su padre, identificado como Jaime Fernández Valenzuela, y que incluso existirían resoluciones civiles a su favor que le otorgarían la custodia definitiva de la menor. Sin embargo, denuncia que dichas resoluciones no habrían sido ejecutadas.
Hasta el momento, no existe información oficial pública que confirme las causas jurídicas exactas de la detención ni el parte policial correspondiente. Tampoco se ha emitido una postura institucional por parte del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla ni de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
La situación se torna todavía más delicada debido a que las acusaciones apuntan directamente hacia un posible uso discrecional de la fuerza pública municipal. Según la versión difundida por la defensa de la mujer, la detención habría ocurrido tras una llamada telefónica atribuida al padre de la menor, hecho que, de comprobarse, podría configurar un abuso de autoridad y una grave violación al debido proceso.
En Veracruz, donde colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han denunciado durante años la revictimización de mujeres en litigios familiares y casos relacionados con menores, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa la actuación de policías municipales, fiscales y jueces.
El señalamiento no es menor: una madre que asegura contar con resoluciones favorables termina esposada, mientras el conflicto legal por la menor sigue sin resolverse públicamente.
Diversos sectores ya exigen la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, ante lo que consideran un posible entramado de omisiones, dilaciones judiciales y presuntos actos de corrupción institucional.
También se ha solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz para investigar posibles violaciones a derechos humanos derivadas de la detención.
El caso ocurre en un municipio donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia ha ido creciendo en los últimos años. La administración municipal de Rafael Fararoni Magaña enfrenta ahora presión pública para esclarecer bajo
qué fundamentos legales actuó la Policía Municipal.
Hasta el cierre de esta edición, no se había informado oficialmente si Katia Azuara Díaz y su abogado fueron puestos en libertad, presentados ante alguna autoridad ministerial o si existe una carpeta de investigación que justifique la intervención policial.
Redacción Reportaje Veracruzano
