El conflicto laboral entre el Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz y autoridades estatales volvió a colocarse en el centro del debate público, luego de que dirigentes sindicales exigieran el cumplimiento inmediato de resoluciones judiciales que, aseguran, ya quedaron firmes y sin posibilidad de nuevas impugnaciones.
Durante una rueda de prensa celebrada en Xalapa, el secretario general del sindicato, Acdmer Galicia Campos, acompañado por trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, presentó un posicionamiento dirigido a la gobernadora Rocío Nahle, así como a medios de comunicación y a la sociedad veracruzana.
En el documento, el sindicato recordó que desde enero de 2019 inició un juicio laboral contra la Secretaría de Finanzas y Planeación por el descuento de cuotas sindicales vía nómina mediante la clave 135, además del incumplimiento de acuerdos previamente firmados entre ambas partes.
Según lo expuesto por el SEPEV, después de tres laudos y dos amparos, los tribunales resolvieron a favor de la organización sindical. El fallo más reciente emitido por un tribunal federal laboral declaró el asunto como “cosa juzgada”, figura jurídica que implica que la resolución ya no admite nuevos recursos legales y debe ejecutarse plenamente.
La determinación judicial, señalaron, ordena la aplicación de la clave sindical a trabajadores con toma de nota vigente y reconoce que la Secretaría de Finanzas sí cuenta con facultades legales para efectuar descuentos vía nómina, mecanismo que —afirman— ya opera en dependencias estatales como la SIOP y la Contraloría General del Estado.
El oficio entregado solicita tanto a la mandataria estatal como al titular de SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes Hernández, acatar la resolución judicial de manera inmediata, bajo el argumento de que se trata de un derecho legítimo de los trabajadores sindicalizados.
La postura del sindicato refleja un nuevo episodio de tensión administrativa y laboral dentro de la estructura gubernamental veracruzana, en un contexto donde los litigios entre sindicatos y dependencias públicas continúan exhibiendo la complejidad jurídica y política de la relación entre el aparato estatal y su base trabajadora.
Redacción Reportaje Veracruzano
