Una disputa interna al interior del sindicato de trabajadores de CMAS-Xalapa amenaza con escalar hacia un escenario que, según denuncias públicas, podría comprometer derechos laborales, revisiones contractuales e incluso la estabilidad jurídica del contrato colectivo que protege a cientos de trabajadores.
En conferencia de prensa, el secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa-CTM, Felipe Oviedo Martínez, acusó públicamente al secretario general Carlos Hernández Rodríguez de presuntas irregularidades dentro de la estructura sindical que, asegura, llevan meses acumulándose.
De acuerdo con su versión, desde hace aproximadamente ocho meses fue excluido de las actividades y funciones correspondientes a su cartera sindical luego de negarse a firmar documentos relacionados con un pliego petitorio y con la designación de una representante legal para la organización sindical.
El integrante sindical afirmó que, tras expresar su negativa, dejó de ser considerado dentro del comité directivo, situación que —asegura— le ha impedido ingresar a oficinas sindicales, participar en funciones internas y ejercer el cargo para el cual fue electo.
Uno de los señalamientos más delicados expuestos durante la conferencia gira en torno a la integración del comité ejecutivo sindical. Oviedo Martínez sostiene que la exclusión de integrantes podría provocar que las futuras revisiones salariales y contractuales enfrenten cuestionamientos legales, generando incluso el riesgo de perder la titularidad del contrato colectivo.
La preocupación, señaló, radica en que una eventual afectación al contrato colectivo podría dejar en condición vulnerable a 261 trabajadores afiliados.
Además de los cuestionamientos sobre la integración interna, el denunciante señaló presuntas inconsistencias relacionadas con recursos económicos sindicales, incluyendo movimientos financieros cuyo destino —afirma— desconoce, así como señalamientos sobre recursos extraordinarios y bonos laborales que, según expuso, habrían terminado afectando directamente a la base trabajadora.
También acusó presuntas irregularidades en procesos asamblearios y uso de listas de asistencia para respaldar decisiones internas, hechos que considera deben ser revisados por autoridades competentes.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a declaraciones realizadas públicamente por uno de los integrantes del sindicato y será responsabilidad de las instancias laborales, sindicales y, en su caso, jurídicas, determinar si existen elementos que acrediten o descarten las irregularidades denunciadas.
Mientras tanto, el conflicto interno abre interrogantes sobre la estabilidad sindical en un momento particularmente sensible: la revisión contractual y salarial de cientos de trabajadores.
Redacción Reportaje Veracruzano
