Xalapa, Ver.- En un movimiento que busca responder a una de las exigencias históricas del campo veracruzano, el Congreso local aprobó por unanimidad una reforma que endurece el combate al abigeato, fortalece la protección jurídica del sector pecuario y abre la puerta a investigaciones patrimoniales y financieras para atacar las estructuras detrás del robo de ganado.
Con 44 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, las y los diputados avalaron el dictamen impulsado originalmente por la diputada Naomi Edith Gómez Santos y el diputado con licencia Roberto Francisco San Román Solana, en una decisión que envía un mensaje político claro: el robo de ganado deja de verse únicamente como un delito patrimonial y pasa a ser tratado como una amenaza directa para la economía rural, la producción alimentaria y la estabilidad del campo.
Durante la discusión legislativa, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, sostuvo que las pérdidas provocadas por el abigeato van mucho más allá del valor económico de los animales sustraídos, pues golpean la productividad, afectan cadenas económicas completas y generan incertidumbre permanente entre productores.
Uno de los cambios centrales de la reforma consiste en incorporar el abigeato y el tráfico ilegal de ganado dentro de una nueva categoría jurídica denominada “Delitos contra la producción pecuaria”, un esquema que pretende ampliar las herramientas legales para perseguir estas conductas y atacar sus distintas modalidades.
La reforma también introduce un componente adicional que busca seguir la ruta del dinero. A través de un artículo transitorio, se establece coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal, con el objetivo de fortalecer investigaciones, rastrear operaciones sospechosas y mejorar mecanismos de seguimiento relacionados con actividades ilícitas dentro del sector.
De acuerdo con los legisladores, esta nueva coordinación institucional aprovecha la reciente reorganización administrativa impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, permitiendo una conexión más estrecha entre áreas de procuración de justicia e investigación financiera.
Otro de los puntos que generó consenso fue el endurecimiento de sanciones para funcionarios públicos que, aprovechando cargos relacionados con inspección, certificación o control pecuario, participen o faciliten actividades ilícitas vinculadas al robo o tráfico de ganado. Las nuevas disposiciones contemplan no solamente sanciones penales, sino también destituciones e inhabilitaciones.
La discusión parlamentaria reflejó un consenso poco frecuente: distintas fuerzas políticas coincidieron en que el abigeato continúa siendo una de las amenazas más persistentes para numerosas regiones rurales de Veracruz, donde productores han denunciado durante años pérdidas económicas, impunidad y dificultades para recuperar patrimonio.
Con esta reforma, el Congreso apuesta a que el combate al robo de ganado deje de limitarse a la reacción policial y se convierta en una estrategia más amplia que combine inteligencia, investigación patrimonial, coordinación institucional y mayores consecuencias legales para quienes participan dentro de estas redes delictivas.
Redacción Reportaje Veracruzano
