¿Seguridad vial o golpe al campo? Nueva vigilancia federal en carreteras genera preocupación entre productores
Xalapa, Ver.- Mientras las autoridades federales sostienen que el fortalecimiento de la vigilancia carretera busca mejorar el orden y la seguridad en las vías federales, voces del sector productivo comienzan a advertir posibles efectos colaterales que podrían golpear directamente a quienes dependen del campo, el comercio local y la movilidad diaria para sobrevivir económicamente.
La reciente entrada en vigor del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, ahora bajo vigilancia y aplicación de la Guardia Nacional, ha encendido alertas entre representantes empresariales y organizaciones sociales, quienes cuestionan si la medida fue diseñada considerando la realidad económica de millones de mexicanos.
Carlos Castañeda Garcés, presidente del Movimiento Democrático en Acción-Veracruz (Moda), sostuvo que la aplicación de esta normatividad debió estar precedida de estudios más profundos sobre su impacto económico y social, particularmente en sectores vulnerables como productores agrícolas y adultos mayores.
“Todos queremos orden, todos queremos seguridad, pero también hay que entender la realidad del país”, expresó al señalar que muchos productores rurales utilizan unidades de trabajo que, aunque funcionales, difícilmente cumplen con estándares ideales por limitaciones económicas.
El dirigente, también presidente de la Cámara del Comercio Veracruzano y Emprendimiento, advirtió que el problema no radica únicamente en la obligación de portar documentos en regla, sino en la posibilidad de que las constantes revisiones, sanciones o inmovilizaciones terminen convirtiéndose en obstáculos para la movilidad económica del sector primario.
La preocupación se centra particularmente en pequeños productores que diariamente utilizan carreteras federales para transportar cosechas, mercancías o insumos. Para muchos de ellos, detener operaciones por multas, trámites o restricciones representa pérdidas inmediatas.
“La economía del campo ya enfrenta suficientes obstáculos; agregar mayores barreras administrativas puede complicar todavía más la situación”, sostuvo.
Aunque reconoció que existe responsabilidad ciudadana para regularizar documentación y condiciones vehiculares, insistió en que las autoridades deberían privilegiar esquemas preventivos y de apercibimiento antes de imponer sanciones económicas inmediatas.
La discusión abre un debate más amplio: hasta qué punto el endurecimiento regulatorio mejora la seguridad sin afectar a quienes dependen diariamente de las carreteras para generar ingresos.
Mientras la nueva regulación ya se encuentra vigente desde el pasado 26 de mayo, productores, comerciantes y transportistas comienzan a preguntarse si esta nueva etapa de vigilancia federal traerá mayor orden… o mayores costos para quienes menos margen tienen para absorberlos.
Redacción Reportaje Veracruzano
