De los retoques exprés a la cárcel: Veracruz busca cerrar el paso a las «clínicas patito» y a los procedimientos estéticos clandestinos
La promesa de una transformación física rápida y a bajo costo podría dejar de ser un negocio sin consecuencias en Veracruz. El diputado local Carlos Marcelo Ruiz Sánchez presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes realizan procedimientos estéticos invasivos sin contar con estudios médicos, especialización ni certificaciones profesionales.
La propuesta pretende atacar de frente el llamado intrusismo médico, una práctica que durante años ha encontrado terreno fértil en spas, estéticas y consultorios improvisados donde se ofrecen aplicaciones de bótox, rellenos faciales y otros tratamientos a precios muy por debajo del mercado, pero lejos de cualquier control sanitario.
De aprobarse la reforma, cualquier procedimiento que implique inyectar, infiltrar o introducir sustancias en el cuerpo humano únicamente podrá ser realizado por médicos especialistas certificados y con cédula profesional vigente, cerrando así la puerta a personas sin formación médica que actualmente operan en la informalidad.
La iniciativa también busca dejar claras las fronteras entre las actividades de cosmetólogas y cosmiatras y los actos médicos especializados. Mientras tratamientos como limpiezas faciales o masajes podrán continuar desarrollándose con normalidad, el uso de agujas, cánulas, bisturís y sustancias de relleno quedaría reservado exclusivamente para especialistas en cirugía plástica y dermatología.
Las consecuencias para quienes incumplan serían severas: multas económicas, clausura inmediata y definitiva de establecimientos, decomiso de sustancias y productos utilizados, así como denuncias penales por ejercicio ilegal de la profesión que podrían derivar en penas de prisión.
La propuesta surge en medio de un problema que las autoridades sanitarias y ministeriales conocen desde hace años. En la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, así como en Xalapa, han sido detectadas clínicas clandestinas instaladas incluso en departamentos particulares y negocios de belleza que operan fuera de la regulación sanitaria.
Las redes sociales se han convertido en el principal escaparate para atraer clientes mediante promociones agresivas y supuestos tratamientos de «ácido hialurónico» o «bótox» a precios imposibles de igualar por clínicas certificadas. Detrás de esas ofertas, sin embargo, en ocasiones se esconden sustancias cuya composición poco tiene que ver con los productos originales.
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva ha advertido sobre el uso ilegal de biopolímeros, siliconas industriales e incluso aceites de uso doméstico comercializados fraudulentamente como rellenos estéticos, materiales capaces de provocar infecciones graves, necrosis de tejidos y complicaciones potencialmente mortales.
El panorama refleja además una preocupante desproporción: por cada cirujano plástico certificado que ejerce en Veracruz, se estima que podrían operar hasta cinco personas realizando procedimientos de manera irregular, desde médicos sin especialidad hasta individuos completamente ajenos al ámbito sanitario. A ello se suma otro factor: la mayoría de las víctimas nunca denuncia, ya sea por vergüenza, miedo o desconocimiento.
La discusión que ahora llegará al Congreso no sólo gira en torno a la estética, sino a la seguridad médica y a la responsabilidad profesional. La apuesta de la iniciativa es simple: que quienes buscan mejorar su apariencia encuentren atención especializada y no terminen convirtiendo una cita de belleza en una emergencia hospitalaria.
