Tres notarías bajo la oscuridad del presunto cártel inmobiliario: suspensión oficial exhibe la dimensión de un escándalo que sigue exigiendo respuestas
Xalapa, Ver.– Mientras personas que se consideran víctimas del denominado «cártel inmobiliario» mantienen la presión pública al denunciar que la justicia avanza con lentitud, el propio Gobierno de Veracruz ha reconocido la gravedad del caso al mantener suspendidos de sus funciones a tres notarios públicos señalados dentro de investigaciones penales por presuntos delitos relacionados con fraude.
La protesta de afectados volvió a colocar el tema en la agenda pública y obligó a recordar una realidad que permanece vigente: existen fedatarios separados del ejercicio notarial por determinación oficial, una medida excepcional que refleja la seriedad de las imputaciones, aunque aún no constituye una sentencia definitiva.
Los tres notarios suspendidos son Ernesto de Gasperín Limón, titular de la Notaría Pública número 8 de Córdoba; Carlos Javier Limón Sánchez, titular de la Notaría Pública número 24 de la misma ciudad; y José Ortiz León, responsable de la Notaría Pública número 21 de Fortín de las Flores.
En los casos de Ernesto de Gasperín Limón y Carlos Javier Limón Sánchez, la Secretaría de Gobierno determinó suspender temporalmente el ejercicio de la función notarial después de que un juez dictara auto de vinculación a proceso dentro del Proceso Penal 344/2024, por los presuntos delitos de fraude específico y fraude procesal, en agravio de la procuración y administración de justicia, así como del patrimonio.
Los acuerdos fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado y establecen que la suspensión permanecerá vigente hasta que exista una resolución judicial firme.
La documentación oficial refiere que los oficios remitidos por el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba notificaron formalmente la existencia de las vinculaciones a proceso, situación que activó las facultades legales de la Secretaría de Gobierno para separar temporalmente a ambos fedatarios de sus cargos.
Como parte de estas medidas, la Notaría Pública número 8 quedó bajo la responsabilidad provisional de Rodrigo Assam Hinojosa, titular de la Notaría número 22 de Córdoba, quien fue designado para garantizar la continuidad del servicio notarial por un periodo máximo de 90 días, con la obligación de entregar posteriormente protocolos y archivos para su resguardo institucional.
Por su parte, José Ortiz León, titular de la Notaría Pública número 21 de Fortín de las Flores, fue suspendido mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 25 de noviembre de 2025, convirtiéndose en el tercer fedatario separado de sus funciones dentro del contexto de las investigaciones relacionadas con el presunto cártel inmobiliario.
Tras hacerse pública la suspensión, Ernesto de Gasperín Limón reconoció la existencia del procedimiento judicial, pero rechazó cualquier vínculo con la operación del llamado cártel inmobiliario y sostuvo que su actuación como notario siempre se desarrolló con apego a la ley.
«A lo largo de mi trayectoria he desempeñado mi función con transparencia, responsabilidad y estricto apego a la legalidad. Reitero mi respeto a las instituciones y mi total disposición para colaborar con las autoridades, con la certeza de que la verdad y el derecho prevalecerán», manifestó mediante un comunicado difundido en redes sociales.
Aunque las suspensiones representan una medida administrativa derivada de resoluciones judiciales y no equivalen a una condena, el caso mantiene abiertas interrogantes de fondo: ¿cuántas operaciones notariales están bajo revisión?, ¿cuántos ciudadanos pudieron resultar afectados?, ¿qué mecanismos de supervisión fallaron para que las investigaciones alcanzaran a varios fedatarios públicos?
La exigencia de los denunciantes apunta precisamente a esas respuestas. Más allá de las suspensiones, sostienen que el verdadero desafío para las autoridades consiste en esclarecer completamente la presunta red de operaciones inmobiliarias irregulares, deslindar responsabilidades y garantizar la reparación del daño a quienes aseguran haber perdido su patrimonio.
Redacción Reportaje Veracruzano
