LA SOMBRA QUE SE ESCONDE BAJO EL UNIFORME: ¿LA SSP DE VERACRUZ ES CÓMPLICE O INFILTRADA?
Jueves 16 de julio de 2026 | Veracruz, un estado que clama por respuestas
En medio de una ola de violencia que no da tregua, circulan con fuerza en redes sociales y medios denuncias ciudadanas que presuntamente vinculan a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz con el Grupo Sombra, una organización criminal dedicada a la extorsión, el cobro de piso y otros delitos de alto impacto.
El caso más señalado apunta al comandante Carlos Alberto Mendoza González, conocido como “El Lobo”, subdirector operativo en la zona norte. Según reportes y denuncias que circulan públicamente, se le acusa de supuestamente facilitar operaciones del grupo criminal, incluyendo el traslado de sicarios, cobro de extorsiones y, en un hecho concreto que se menciona, el abandono de un cuerpo sin vida el pasado 10 de mayo en la comunidad de La Luz del Carmen, entre Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada.
Estas acusaciones, que aún no han sido confirmadas por autoridades ni presentadas con pruebas irrefutables en procesos judiciales formales, han generado indignación profunda entre la población. Familias enteras viven con el temor de que quienes juraron protegerlas sean, presuntamente, parte del problema.
Tortura, fabricación de delitos y una lista que duele
Otras denuncias, originadas principalmente en Poza Rica, señalan que “El Lobo” y otros mandos presuntamente han incurrido en torturas físicas y psicológicas a detenidos, obligándolos a aceptar culpabilidades falsas o a simular enfrentamientos. Víctimas anónimas aseguran que los abusos ocurren en instalaciones como las de la calle Río Nilo en la colonia Miguel Hidalgo, y que mandos superiores estarían enterados sin actuar.
La lista de señalados incluye, según las publicaciones que circulan:
- Carlos Alberto Mendoza González (“Lobo”)
- Miguel Ángel Ventura Cruz (“Aventurero”)
- Agustín Ortega (“Cachorro”)
- Antonio Mesinas Baltazar (“Mesinas”)
- Sergio Isidro Carmona García (“Traka”)
- Karina Castilla (“Verettha” / Beretta)
- Andrés Segura (“El Fénix”)
y otros. Estas denuncias los vinculan presuntamente con la protección y expansión del Grupo Sombra, también conocido como Mafia Veracruzana, responsable —según autoridades en otros casos— de crímenes atroces como el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz en 2025 y el homicidio del periodista Carlos Castro en enero de 2026 en Poza Rica.
El Grupo Sombra opera con crueldad calculada: graba a sus víctimas humilladas para infundir terror y asegurar pagos. Su influencia se extiende a penales y municipios del norte como Poza Rica, Tuxpan y Coatzintla. Sin embargo, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un debido proceso. Estas son acusaciones graves que exigen investigación exhaustiva, no linchamiento mediático.
El silencio oficial ante el clamor ciudadano
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial contundente de la gobernadora Rocío Nahle García ni de la SSP que desmienta o confirme estos señalamientos específicos. La Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia llamada a investigar con rigor, transparencia y celeridad.
Ciudadanos han escalado la denuncia directamente a la gobernadora, al secretario de Gobierno Ricardo Ahued e incluso han mencionado a la DEA, exigiendo una limpia profunda en las corporaciones de seguridad. El hartazgo es palpable: “Estamos cansados de los abusos”, repiten los agraviados.
Presunción de inocencia vs. exigencia de justicia
Es fundamental recordar el principio constitucional de presunción de inocencia. Ninguno de los señalados ha sido condenado por estos hechos. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones —que involucran tortura, colusión con el crimen organizado y abandono de cuerpos— obliga a las autoridades a actuar con urgencia, imparcialidad y total transparencia.
Veracruz no puede permitirse más sombras. La sociedad exige respuestas claras: ¿son estos mandos inocentes víctimas de difamación o existe fuego detrás del humo? La bola está en la cancha de las instituciones. Una investigación seria, con resultados públicos, es la única forma de restaurar la confianza rota.
Mientras tanto, el dolor de las familias de víctimas reales —como Irma Hernández y Carlos Castro— sigue fresco. El miedo de los ciudadanos a salir a las calles, a pagar extorsiones o a confiar en una patrulla, es lacerante.
Veracruz merece verdad. Justicia. Y policías que realmente protejan, no que presuntamente siembren terror.
Esta nota se basa en denuncias públicas circulantes. Se respeta el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los involucrados. Exigimos a las autoridades actuar con firmeza y celeridad. Comparta, opine con responsabilidad y exija transparencia.
