Desafuero de alcaldes de MC enfrenta versiones encontradas; Gobierno niega persecución y oposición acusa uso político de la Fiscalía
Xalapa, Ver.— La solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), abrió un nuevo frente de confrontación política en Veracruz, donde el Gobierno estatal rechaza cualquier motivación partidista y la dirigencia del partido naranja denuncia una presunta persecución.
Durante una gira de trabajo en Minatitlán, la gobernadora Rocío Nahle García evitó profundizar sobre el caso y sostuvo que será la Fiscalía quien informe los detalles de las investigaciones.
> «No voy a opinar hasta que lo diga la Fiscalía», respondió la mandataria al ser cuestionada por representantes de los medios, al tiempo que rechazó que las solicitudes de desafuero respondan a intereses políticos.
Las peticiones de desafuero ya fueron turnadas al Congreso del Estado, donde ambos ediles fueron notificados y contarán con plazo para presentar los argumentos de su defensa antes de que la Comisión Permanente Instructora emita un dictamen.
Movimiento Ciudadano denuncia persecución
La postura del Gobierno estatal fue inmediatamente cuestionada por Movimiento Ciudadano, cuya dirigencia en Veracruz aseguró que existe una estrategia para utilizar a la Fiscalía con fines políticos en contra de alcaldes de oposición.
El partido exigió que el órgano autónomo actúe con imparcialidad, apegado exclusivamente a la ley y sin presiones externas durante el desarrollo de las investigaciones.
El caso que rodea al alcalde de Ixhuatlán
En el caso de Raúl González Martínez, diversas versiones lo vinculan con la investigación por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido en junio pasado en Nanchital. De acuerdo con información oficial difundida previamente, la indagatoria contempla la presunta participación intelectual del edil; sin embargo, hasta el momento dicha acusación no ha sido acreditada por un juez ni existe una resolución judicial que determine su responsabilidad.
El tema adquiere mayor relevancia debido a que, semanas antes, el alcalde protagonizó un enfrentamiento público con funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a quienes acusó de politizar la entrega de apoyos sociales en su municipio.
Además, el edil también enfrentó observaciones relacionadas con la presunta omisión en la entrega del Plan Municipal de Desarrollo, situación por la que anteriormente desde el Congreso ya se había mencionado la posibilidad de iniciar un procedimiento de desafuero.
Investigación y debate político
Mientras la administración estatal sostiene que el procedimiento responde únicamente a investigaciones ministeriales, Movimiento Ciudadano insiste en que el momento en que fueron promovidas las solicitudes fortalece la percepción de un uso político de las instituciones.
Hasta ahora, ninguno de los dos alcaldes ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones.
El desarrollo del proceso en el Congreso y la información que haga pública la Fiscalía serán determinantes para esclarecer si existen elementos suficientes para retirarles el fuero o si las acusaciones de persecución política planteadas por la oposición encuentran sustento.
Redacción Reportaje Veracruzano
