¿OBRA PÚBLICA PARA PAGAR UNA CASA? DENUNCIAN A ALCALDE DE JALCOMULCO ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN POR PRESUNTO FRAUDE Y POSIBLE DESVÍO DE RECURSOS
Xalapa, Ver.— Una denuncia que podría escalar más allá de un conflicto entre particulares y abrir interrogantes sobre el manejo del dinero público sacudió este miércoles al municipio de Jalcomulco. El alcalde Roberto Ixtla Campuzano fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos hechos relacionados con fraude, incumplimiento contractual y despojo, luego de que, según la parte denunciante, habría intentado liquidar una deuda privada mediante la asignación de obra pública.
De confirmarse esta versión durante las investigaciones, el caso no sólo implicaría un posible incumplimiento en la compra de un inmueble valuado en más de 3 millones de pesos, sino que pondría sobre la mesa una pregunta de enorme trascendencia: ¿puede un servidor público ofrecer contratos financiados con recursos de los ciudadanos para saldar compromisos personales?
Durante una conferencia de prensa en Xalapa, Luis Antonio Burillo Arenas, representante de la familia denunciante, explicó que en octubre del año pasado ambas partes acordaron la compraventa de una vivienda ubicada en la zona de Monte Magno. Según su versión, el alcalde habría pactado cubrir el monto mediante tres exhibiciones, pero únicamente realizó un primer pago de 1.5 millones de pesos.
El denunciante sostuvo que, pese a no liquidar el resto del adeudo, el edil ya tomó posesión del inmueble e incluso comenzó a realizar modificaciones en la propiedad, situación que derivó en la presentación de acciones legales.
La acusación adquiere una dimensión aún más delicada por una afirmación realizada por Burillo Arenas: aseguró que, al exigir el cumplimiento del acuerdo, el alcalde presuntamente le propuso cubrir el saldo pendiente mediante la asignación de obra pública municipal.
La familia rechazó tajantemente esa alternativa, al considerar que aceptar una propuesta de esa naturaleza podría implicar responsabilidades legales y constituir un uso indebido de recursos públicos.
«Yo no soy contratista ni debo depender de alguna licitación para recuperar mi casa», expresó el representante legal durante la conferencia.
La denuncia ya fue ratificada ante la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, instancia que será la encargada de determinar si existen elementos para acreditar la posible comisión de delitos y deslindar responsabilidades.
El caso coloca bajo el escrutinio público la conducta del presidente municipal y plantea cuestionamientos que exigen respuestas claras: si la versión de los denunciantes resulta cierta, ¿se pretendió utilizar el presupuesto destinado a obras para resolver una obligación privada?, ¿existió un intento de comprometer recursos municipales fuera de los procedimientos legales?, ¿qué mecanismos de control evitaron —o permitieron— que una propuesta de esa naturaleza pudiera siquiera plantearse?
Hasta el momento, el alcalde Roberto Ixtla Campuzano no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones, y las autoridades ministeriales no han informado sobre los avances de la investigación.
Mientras la Fiscalía integra la carpeta correspondiente, el caso permanece en el terreno de las denuncias y deberá resolverse conforme a las pruebas y al debido proceso. Sin embargo, las acusaciones ya colocan sobre la administración municipal una fuerte presión pública, al involucrar señalamientos que, de acreditarse, trascenderían un conflicto patrimonial para convertirse en un posible caso de corrupción con recursos que pertenecen a la ciudadanía.
Redacción Reportaje Veracruzano
