EL SINDICATO BAJO SOSPECHA: EL RETO QUE RAQUEL BONILLA NO PUEDE ESQUIVAR EN LA SECCIÓN 56
José Reveriano Marín Hernández busca interlocución con la nueva titular de la SEV; detrás del acercamiento quedan preguntas incómodas sobre plazas, recategorizaciones y el trato a la base magisterial
Xalapa, Veracruz.— La llegada de Raquel Bonilla Herrera a la Secretaría de Educación de Veracruz abrió una nueva etapa en la relación entre el Gobierno estatal y el magisterio. Pero también puso sobre la mesa una pregunta que difícilmente podrá esquivarse: ¿hasta dónde llegará el poder de las estructuras sindicales dentro de la dependencia educativa?
Bonilla asumió la titularidad de la SEV a finales de julio, después de que Claudia Tello Espinosa regresara al Senado. La nueva funcionaria ha señalado públicamente que privilegiará el diálogo con el magisterio y la continuidad institucional.
Y precisamente ahí aparece uno de los actores con mayor interés en esa interlocución: José Reveriano Marín Hernández, diputado local, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso estatal y secretario general de la Sección 56 del SNTE.
El acercamiento entre el dirigente sindical y la nueva responsable de la política educativa no tendría nada de extraordinario si se limitara a la relación institucional que corresponde a sus ca
El problema comienza cuando, desde la propia base magisterial, surgen cuestionamientos sobre la forma en que se distribuyen oportunidades, movimientos laborales y beneficios dentro de la estructura sindical.
La pregunta que incomoda: ¿quién decide y con qué criterios?
Hay acusaciones que circulan entre trabajadores y que apuntan a presuntas prácticas irregulares relacionadas con plazas, recategorizaciones y beneficios sindicales.
Son señalamientos que, por su gravedad, no deberían convertirse simplemente en munición política ni tampoco ser archivados como simples rumores.
Si existen operaciones indebidas en la asignación de plazas, deben documentarse.
Si existen recategorizaciones utilizadas para favorecer a determinados grupos, deben transparentarse.
Y si existe tráfico de influencias o cualquier mecanismo mediante el cual los derechos laborales sean condicionados a la cercanía con dirigentes sindicales, corresponde a las autoridades investigar.
Porque una plaza pública no es mercancía.
Una recategorización tampoco puede convertirse en premio para amigos.
Y un sindicato no debería funcionar como una puerta de acceso privilegiada a derechos que pertenecen a todos los trabajadores.
Marín Hernández tiene algo más que responder
El dirigente de la Sección 56 no es un actor secundario.
Tiene una doble posición de poder: dirige una organización sindical y ocupa una curul en el Congreso de Veracruz. Además, preside la Comisión de Educación y Cultura.
Esa concentración de responsabilidades hace todavía más importante que sus actuaciones públicas sean sometidas al escrutinio.
De hecho, su discurso legislativo reciente ha colocado precisamente sobre la mesa conceptos como autonomía sindical, libertad, justicia y dignidad de los trabajadores.
La pregunta inevitable es sencilla:
¿Esos principios también se aplican puertas adentro de la Sección 56?
Porque una cosa es defenderlos desde la tribuna y otra demostrar que los trabajadores reciben un trato equitativo cuando solicitan una prestación, una recategorización, un cambio de adscripción o cualquier otro movimiento laboral.
El expediente que la nueva secretaria debería revisar
Si Raquel Bonilla pretende construir una relación sana con el magisterio, quizá no debería comenzar preguntando quiénes son sus aliados.
Debería preguntar quiénes son los trabajadores que llevan años esperando una respuesta.
Cuántas solicitudes de cambio de adscripción permanecen pendientes.
Cuántas recategorizaciones fueron autorizadas durante los últimos años.
Con qué criterios fueron aprobadas.
Quiénes resultaron beneficiados.
Cuántas inconformidades existen.
Cuántas denuncias o quejas han llegado a las instancias correspondientes.
Y, sobre todo, si existe alguna diferencia entre pertenecer al círculo cercano de un dirigente y ser simplemente un trabajador de base.
El propio sitio institucional de la Sección 56 muestra que la organización mantiene mecanismos y servicios relacionados con movimientos y prestaciones de sus agremiados, entre ellos solicitudes de cambio de adscripción y herramientas de escalafón.
Precisamente por eso, la transparencia no debería ser una amenaza para nadie.
Debería ser una garantía para todos.
Una acusación reciente eleva todavía más el nivel de escrutinio
El pasado junio, una viuda y familiares de un trabajador realizaron una protesta en Xalapa y acusaron públicamente a Marín Hernández de presuntas omisiones relacionadas con el trámite de una pensión por invalidez y prestaciones pendientes. Las acusaciones fueron difundidas por medios locales y corresponden a la versión de las manifestantes, por lo que requieren ser contrastadas documentalmente y mediante la versión del dirigente sindical.
El propio Marín Hernández ha participado públicamente en asuntos relacionados con la defensa de derechos laborales y pensiones. En junio declaró que la aplicación del denominado sueldo regulador no debería traducirse en una afectación para las pensiones de los trabajadores.
Ahí aparece otra paradoja que merece explicación:
¿Qué tan sólida es la defensa de los derechos laborales cuando los trabajadores que reclaman precisamente esos derechos aseguran sentirse ignorados por su representación sindical?
Raquel Bonilla tiene la oportunidad de marcar distancia
La nueva secretaria de Educación recibió una dependencia con casi dos millones de estudiantes y alrededor de 136 mil docentes, de acuerdo con información publicada tras su llegada al cargo.
El tamaño de esa estructura exige algo más que acuerdos políticos.
Exige reglas.
Exige expedientes abiertos.
Exige criterios verificables.
Y exige que ningún dirigente sindical —por poderoso que sea— pueda convertirse en filtro obligatorio entre un trabajador y sus derechos.
Marín Hernández tiene derecho a defender su gestión.
También tiene derecho a responder a cada señalamiento.
Pero los trabajadores tienen exactamente el mismo derecho a preguntar.
Y Raquel Bonilla tiene ahora la responsabilidad de escuchar esas preguntas.
Porque si la nueva secretaria permite que la vieja lógica de los grupos de poder siga dictando quién obtiene beneficios y quién permanece esperando, el cambio de titular de la SEV habrá sido solamente eso: un cambio de nombre en la puerta.
La verdadera transformación comenzará cuando las plazas, recategorizaciones, movimientos y prestaciones dejen de ser terreno de sospechas y se conviertan en procesos transparentes, auditables y defendibles públicamente.
La Sección 56 puede exigir respeto a su autonomía sindical. Pero autonomía no significa impunidad, ni opacidad, ni ausencia de rendición de cuentas.
Y esa es, precisamente, la pregunta que hoy queda sobre la mesa:
¿Raquel Bonilla gobernará la educación de Veracruz o permitirá que las estructuras sindicales sigan gobernando una parte de ella desde las sombras?
Redacción Reportaje Veracruzano
