Bienestar Coatepec, bajo fuego: trabajadores denuncian presunta red de moches, control político y hostigamiento
Coatepec, Ver.— Lo que comenzó como un conflicto interno en las oficinas de la Secretaría de Bienestar en Coatepec amenaza con convertirse en un expediente de mayor alcance: trabajadores denuncian presuntas prácticas de corrupción, cobros irregulares, injerencia política, intimidación laboral y una disputa por el control de la estructura operativa de la dependencia.
Servidores de la Nación adscritos al municipio hicieron llegar sus reclamos al delegado de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, a quien solicitaron intervenir de manera inmediata ante lo que describen como un ambiente de presión y confrontación atribuido a la excoordinadora municipal Cielo Angélica Miranda Muñoz.
De acuerdo con los testimonios recabados, aunque Miranda Muñoz habría sido removida formalmente del cargo, continuaría intentando conservar influencia sobre las oficinas y sobre el personal operativo.
Los trabajadores aseguran que la exfuncionaria argumentaría contar con respaldo político y presumiría vínculos con el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, además de una relación familiar con Arelly Bonilla, a quien ubican como un eventual perfil para contender por una diputación.
Precisamente ahí aparece uno de los puntos más delicados del conflicto: la presunta utilización de relaciones políticas y familiares para mantener espacios de influencia dentro de una institución pública.
Del control de oficinas a las acusaciones por tarjetas
Las denuncias formuladas por trabajadores no se limitan al actual enfrentamiento.
Según sus versiones, las presuntas irregularidades atribuidas a Miranda Muñoz tendrían antecedentes desde su paso por oficinas estatales de la Secretaría de Bienestar, donde supuestamente habría participado en maniobras relacionadas con la obtención y manejo irregular de tarjetas destinadas a beneficiarios del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Los denunciantes sostienen que estas prácticas habrían generado beneficios económicos indebidos y permitido construir una red de operadores que posteriormente habría buscado conservar espacios de influencia dentro de la estructura de la dependencia.
Hasta ahora, estos señalamientos forman parte de testimonios y acusaciones que deberán ser corroborados por las autoridades competentes mediante auditorías, investigaciones documentales y, en su caso, carpetas de investigación.
“La Escuela es Nuestra”, el punto más sensible
El episodio más delicado de las denuncias se relaciona con el programa La Escuela es Nuestra, donde los trabajadores señalan presuntas irregularidades en la contratación y participación de empresas constructoras e ingenieros particulares.
Los testimonios apuntan a una supuesta coordinación entre Miranda Muñoz y Arturo Robles, a quien identifican como cercano al diputado Adrián González Naveda, además de señalar presuntas conexiones con responsables municipales de Acajete, Cosautlán, Ayahualulco, Rafael Lucio y Xico.
La acusación central es particularmente grave: presuntamente se habría intentado favorecer a determinados constructores para la ejecución de obras escolares a cambio de beneficios económicos o acuerdos políticos.
En otras palabras, los denunciantes describen un posible esquema en el que recursos destinados a mejorar planteles educativos habrían quedado expuestos a intereses ajenos a los objetivos del programa.
La denuncia adquiere mayor relevancia porque, según los trabajadores, algunos comités de madres y padres de familia ya estarían reuniendo documentación, testimonios y otras evidencias con la intención de acudir ante la Fiscalía General de la República.
Si esas pruebas existen y son presentadas formalmente, corresponderá a las autoridades determinar si hubo responsabilidades administrativas, electorales o incluso penales.
La otra batalla: redes sociales y violencia política
El conflicto tampoco se habría quedado dentro de las oficinas.
Los denunciantes aseguran que desde el entorno cercano de la excoordinadora, incluyendo a su hermana Lu Miranda, se habrían impulsado publicaciones y campañas de confrontación en redes sociales contra funcionarios de Morena y autoridades estatales.
Entre los objetivos de esas expresiones se encontraría la gobernadora Rocío Nahle García, contra quien —según los testimonios— se han utilizado consignas como “fuera la zacatecana”.
También se señala una campaña de ataques contra Gómez Cazarín y la directora regional Angelli Zorrilla.
Más allá de las diferencias políticas, los trabajadores consideran que la utilización de expresiones misóginas y ataques personales revela una disputa que dejó de ser administrativa para convertirse en una confrontación por el control político de una estructura gubernamental.
Una investigación que ya no puede quedarse en rumores
El caso plantea preguntas que únicamente pueden responderse con documentos, auditorías y expedientes oficiales:
¿Quién tenía acceso a las tarjetas de los programas sociales?
¿Existieron beneficios económicos derivados de su manejo?
¿Hubo empresas constructoras favorecidas en La Escuela es Nuestra?
¿Quién autorizó o permitió esas operaciones?
¿Existieron cobros o “moches” a los comités escolares?
¿Hubo utilización de programas federales con fines políticos?
Y, sobre todo, ¿existen pruebas documentales que permitan transformar las acusaciones de los trabajadores en responsabilidades concretas?
El conflicto en Bienestar Coatepec ya no parece limitarse a una pugna entre funcionarios. Las acusaciones apuntan hacia el posible funcionamiento de una estructura informal de poder alrededor de programas que manejan recursos públicos y que tienen como destinatarios a adultos mayores, estudiantes y comunidades escolares.
Por ello, el verdadero desenlace no debería definirse en redes sociales ni mediante declaraciones políticas.
Si existen pruebas, que se investigue. Si hubo dinero público comprometido, que se audite. Y si alguien utilizó su posición para obtener beneficios personales o políticos, que responda ante las autoridades.
Porque cuando los recursos destinados a los sectores más vulnerables quedan atrapados en disputas de poder, el problema deja de ser interno: se convierte en un asunto de interés público.
Redacción Reportaje Veracruzano
