ERIC DOMÍNGUEZ VA POR EL ORFIS: EL HOMBRE DE LAS CUENTAS OBSERVADAS QUIERE AHORA SENTARSE EN LA SILLA QUE FISCALIZA EL DINERO DE VERACRUZ
Xalapa, Ver.— La contienda por la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) acaba de adquirir una dimensión política incómoda: Eric Domínguez Vázquez, actual subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y exalcalde de Papantla, formalizó su registro para competir por el cargo encargado de revisar cómo se gastan los recursos públicos en Veracruz.
Su nombre aparece entre los 28 aspirantes que se registraron al cierre del pasado viernes, confirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, después de que el Legislativo omitiera inicialmente informar cuántas personas habían presentado documentación para participar en el proceso.
El registro, por sí mismo, no acredita irregularidad alguna. Pero coloca sobre la mesa una pregunta políticamente explosiva:
¿Puede un exalcalde cuya administración ha sido objeto de observaciones de fiscalización aspirar a convertirse en la máxima autoridad auditora del estado?
La interrogante no es menor.
DEL AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA A LA PUERTA DEL ORFIS
Eric Domínguez no llega al proceso como un desconocido.
Fue presidente municipal de Papantla y posteriormente se incorporó al gobierno estatal. Hoy ocupa una posición estratégica dentro de Sefiplan, desde donde participa en asuntos relacionados con la administración y las finanzas públicas.
Ahora busca dar el salto al organismo que tiene entre sus principales atribuciones revisar precisamente el manejo de los recursos públicos.
Y es ahí donde comienzan los cuestionamientos.
Durante las últimas semanas han sido señaladas observaciones millonarias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a su etapa como alcalde de Papantla.
La existencia de una observación de auditoría, debe precisarse, no equivale automáticamente a corrupción ni significa que exista una sentencia o responsabilidad penal. Las observaciones pueden ser solventadas, aclaradas o derivar en procedimientos posteriores.
Pero tampoco pueden ser borradas del debate público cuando el funcionario pretende ocupar precisamente el órgano encargado de fiscalizar.
Por eso la discusión no debería limitarse a si Domínguez tiene derecho a registrarse.
La verdadera discusión es si resulta políticamente, éticamente y técnicamente conveniente colocar al frente del órgano fiscalizador a una persona cuya propia administración municipal ha estado bajo el escrutinio de los órganos de auditoría.
¿QUIÉN VIGILA AL VIGILANTE?
La presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, respondió a los cuestionamientos señalando que antes de emitir cualquier valoración debe revisarse qué tipo de observaciones corresponden a cada aspirante.
Su argumento fue que existen observaciones de distinta naturaleza: algunas pueden ser graves y otras estar relacionadas con cuestiones administrativas o burocráticas.
El razonamiento es válido en términos técnicos, pero abre una pregunta todavía más incómoda:
¿Quién va a revisar a fondo esas observaciones antes de decidir si Eric Domínguez es idóneo para encabezar el ORFIS?
Porque si el Congreso pretende realizar un proceso serio, no bastará con revisar currículums.
Tendrá que abrir los expedientes.
Tendrá que determinar qué observaciones fueron solventadas, cuáles permanecen pendientes, cuáles derivaron en procedimientos de responsabilidad y cuál es el estatus jurídico de cada una.
Y, sobre todo, tendrá que explicar a los veracruzanos por qué un perfil cuestionado precisamente por asuntos relacionados con fiscalización debería ser colocado al frente de la institución que fiscaliza a los municipios, organismos y entes públicos del estado.
UN PROCESO QUE YA NACE BAJO SOSPECHA POLÍTICA
Pero Eric Domínguez no es el único elemento polémico.
El procedimiento de selección también comenzó rodeado de cuestionamientos.
El pasado viernes, cuando concluyó el periodo de registros, no se informó inicialmente el número total de aspirantes.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Guillermo Pintos, abandonó la Legislatura sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.
La ausencia de explicaciones alimentó todavía más las dudas.
Algunos aspirantes incluso denunciaron públicamente un trato desigual por parte de la Comisión, debido a que habría personas que ingresaron documentación después de que aparentemente había concluido el horario establecido en la convocatoria.
Si esas acusaciones son ciertas, el Congreso tiene una obligación elemental:
explicar quién entró, a qué hora entró, qué documentación presentó y bajo qué criterio se permitió su participación.
No se trata de un trámite menor.
Se está eligiendo al funcionario que tendrá en sus manos una de las herramientas institucionales más importantes para combatir —o permitir que se perpetúe— el uso irregular del dinero público en Veracruz.
28 NOMBRES, UNA DECISIÓN Y DEMASIADAS PREGUNTAS
Con 28 aspirantes registrados, el Congreso tiene ahora la oportunidad de demostrar que el proceso será algo más que una formalidad política.
Porque si Eric Domínguez es el mejor perfil, deberá demostrarlo con documentos.
Si sus observaciones fueron solventadas, que se diga cuáles, cómo y cuándo.
Si existen procedimientos pendientes, que se hagan públicos sus estatus.
Si no existe impedimento legal para competir, que se explique.
Y si existe algún conflicto de interés, que también se diga.
Lo que no puede ocurrir es que la designación se reduzca a cuotas, acuerdos partidistas o lealtades políticas.
El ORFIS no es una oficina ornamental.
Es una institución creada para revisar el uso de recursos públicos.
Y precisamente por eso, la candidatura de quien pretende dirigirla merece un escrutinio mucho más severo que una simple revisión curricular.
LA PREGUNTA QUE EL CONGRESO NO PUEDE EVADIR
Eric Domínguez tiene derecho a competir.
Pero los ciudadanos también tienen derecho a preguntar.
¿Por qué él?
¿Por qué un exalcalde que llega al proceso cargando cuestionamientos sobre observaciones millonarias de su administración debería convertirse ahora en el hombre encargado de revisar las cuentas de quienes gobiernan Veracruz?
La respuesta no puede estar en el discurso.
Tiene que estar en los expedientes.
En las auditorías.
En las solventaciones.
En los procedimientos.
En los documentos.
Y, finalmente, en una decisión del Congreso que sea capaz de resistir una pregunta mucho más poderosa que cualquier negociación política:
¿Quién fiscalizará al fiscalizador?
Redacción Reportaje Veracruzano
