POLICÍAS CON CONSTANCIA, COMERCIANTES CON MIEDO: ¿CAPACITACIÓN O SIMULACIÓN DE SEGURIDAD EN CAZONES?
Cazones de Herrera, Ver.— Más de 200 policías municipales de la zona norte fueron capacitados en procedimientos fundamentales para el ejercicio de la función policial, pero en Cazones de Herrera la ceremonia de entrega de constancias choca de frente con una realidad que los comerciantes y locatarios aseguran vivir a puerta cerrada: el temor a denunciar presuntos cobros de piso.
El alcalde Humberto Olvera Torres, acompañado por la regidora primera, Meily Tovar Castro, y el director de Prevención del Delito y Seguridad Pública, Erick Daniel Juárez Ortiz, encabezó la entrega de constancias a elementos que participaron en una capacitación impartida por la Fiscalía General del Estado, mediante el Instituto de Formación Profesional.
La jornada, realizada en la Casa de Cultura de Poza Rica, incluyó conocimientos sobre el Informe Policial Homologado (IPH), el Registro Nacional de Detenciones (RND) y procedimientos relacionados con cateos, herramientas indispensables para que una corporación pueda actuar dentro del marco legal y documentar correctamente sus intervenciones.
Sobre el papel, todo parece impecable.
Policías capacitados.
Constancias entregadas.
Discursos de profesionalización.
Compromiso institucional con la seguridad.
Pero la pregunta incómoda comienza precisamente después de la fotografía oficial.
¿De qué sirve capacitar a los policías en procedimientos si los comerciantes que supuestamente deberían acudir ante ellos tienen miedo de denunciar?
Porque mientras las autoridades hablan de profesionalización, comerciantes y locatarios de Cazones refieren la existencia de presuntos cobros de piso y aseguran que el temor a represalias los mantiene en silencio.
Y ese es el verdadero indicador que debería preocupar al Ayuntamiento: no cuántas constancias se entregaron, sino cuántas víctimas se sienten realmente seguras para denunciar.
LA SEGURIDAD NO SE MIDE EN DIPLOMAS
El problema no está en capacitar a los elementos. Al contrario: la preparación policial es indispensable.
El problema aparece cuando la capacitación se convierte en el argumento para presumir resultados mientras persisten denuncias ciudadanas que, por miedo, ni siquiera llegan formalmente ante las autoridades.
Si un comerciante teme denunciar porque considera que puede sufrir represalias, existe una falla mucho más profunda que la simple falta de conocimientos técnicos.
Existe una crisis de confianza.
Y esa crisis no se resuelve entregando constancias.
El IPH puede estar correctamente elaborado. El RND puede utilizarse conforme a los protocolos. Un cateo puede ejecutarse bajo los requisitos legales.
Pero si el ciudadano que paga un negocio, genera empleos y sostiene la economía local prefiere callar antes que acudir ante la autoridad, entonces la seguridad pública no puede darse por satisfecha.
¿DÓNDE ESTÁN LAS DENUNCIAS?
Aquí es donde la administración municipal tiene una oportunidad para demostrar que la capacitación no fue solamente un acto protocolario.
Si existen comerciantes que están siendo víctimas de extorsión, la autoridad debe generar condiciones para que puedan denunciar con seguridad, confidencialidad y acompañamiento institucional.
Y si no existen denuncias formales, también hay una pregunta que debe contestarse:
¿La ausencia de denuncias significa que no existe el delito o que existe miedo suficiente para impedir que las víctimas hablen?
Son dos escenarios completamente distintos.
Por eso sería insuficiente presumir que Cazones está más seguro simplemente porque sus policías recibieron capacitación.
La ciudadanía necesita resultados tangibles: prevención, reacción, investigación, protección a víctimas y, sobre todo, confianza.
LA SIMULACIÓN SERÍA PRESUMIR SEGURIDAD SIN ESCUCHAR AL COMERCIANTE
El Ayuntamiento puede presumir capacitación y profesionalización, y está en su derecho.
Pero no puede confundir capacitación con seguridad efectiva.
Una corporación verdaderamente profesional no solamente sabe llenar formatos y ejecutar procedimientos: también debe ser capaz de generar confianza suficiente para que una víctima se atreva a denunciar.
Porque si el comerciante sigue pagando por miedo, si el locatario sigue guardando silencio y si la autoridad no conoce oficialmente lo que ocurre porque nadie se atreve a denunciarlo, entonces las estadísticas pueden resultar tranquilizadoras mientras la realidad permanece oculta.
La pregunta queda sobre la mesa para Humberto Olvera Torres y su administración:
¿Cazones está realmente combatiendo la inseguridad o solamente está capacitando policías para administrar las consecuencias de una inseguridad que los ciudadanos tienen miedo de denunciar?
La diferencia no es menor.
Y será precisamente la respuesta a esa pregunta —no una constancia, una fotografía ni un discurso— la que permita saber si la profesionalización policial está produciendo seguridad real o si, detrás de los actos oficiales, se está construyendo una simulación de tranquilidad mientras los comerciantes viven bajo amenaza.
Redacción Reportaje Veracruzano
