LOS COLORINES: LA PMA SE LAVA LAS MANOS Y MANDA EL PROBLEMA AL CONGRESO

XALAPA, VER.— Mientras alcaldes de la zona centro denuncian presuntas irregularidades en la operación del relleno sanitario Los Colorines, en Nogales, y cuestionan el supuesto monopolio que habría obligado a decenas de municipios a depositar ahí sus residuos, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) decidió marcar distancia y trasladar la responsabilidad política al Congreso de Veracruz.

El procurador de Medio Ambiente, Ángel Carrizales López, fue tajante al referirse al conflicto: la concesión de Los Colorines corresponde al Poder Legislativo estatal, al haber sido otorgada durante el sexenio anterior.

“Eso le corresponde al Congreso, el Congreso lo concesionó en el sexenio pasado”, respondió el funcionario este jueves, después de participar en una guardia de honor dedicada a Miguel Hidalgo.

Pero el deslinde abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la autoridad ambiental cuando existen señalamientos sobre la operación de un relleno sanitario?

Los cuestionamientos de alcaldes de la región no son menores. De acuerdo con sus denuncias, durante aproximadamente un año habrían solicitado la intervención de la autoridad ambiental ante lo que consideran un esquema que concentra el manejo de residuos de alrededor de 45 municipios en Los Colorines.

Entre las acusaciones planteadas por los ediles se encuentra una presunta alteración de básculas para registrar mayores cantidades de residuos y, por consecuencia, incrementar los cobros a los ayuntamientos.

También han señalado las condiciones de los caminos de acceso al relleno sanitario, cuyo deterioro —según sus testimonios— habría obligado en ocasiones a utilizar maquinaria pesada para auxiliar a las unidades recolectoras, con el consecuente desgaste de los vehículos municipales.

Nada de esto, sin embargo, equivale por sí mismo a una irregularidad acreditada. Son señalamientos que requieren inspecciones, documentación, auditorías, verificaciones técnicas y, en su caso, procedimientos administrativos o judiciales.

Precisamente ahí se encuentra el punto que deja abierto la declaración del procurador.

Carrizales López sostuvo que la PMA no investiga quién es o quién fue propietario del relleno, sino que su obligación es verificar que éste opere correctamente.

“Yo lo único que hago es mi trabajo, para eso vine a Veracruz, a que se hicieran las cosas bien, con transparencia, con trazabilidad”, afirmó.

Y agregó que a la Procuraduría no le interesa determinar quién está detrás de la propiedad, sino garantizar que el relleno sanitario funcione adecuadamente.

El argumento resulta jurídicamente entendible, pero políticamente deja una interrogante sobre la mesa: si existen denuncias concretas sobre básculas, disposición de residuos, condiciones de operación y afectaciones a municipios, ¿qué acciones de vigilancia ha realizado la autoridad ambiental para comprobar o descartar esas acusaciones?

Porque una concesión puede ser otorgada por una autoridad, pero la operación ambiental de un sitio de disposición final no queda automáticamente fuera del escrutinio de las autoridades competentes.

Y ese es precisamente el terreno donde el discurso de “no me meto en temas mediáticos” puede quedarse corto frente a una exigencia pública de transparencia.

La controversia tampoco debería reducirse a quién otorgó originalmente la concesión. La pregunta fundamental es otra:

¿Los Colorines está operando conforme a la normatividad ambiental y bajo condiciones que garanticen un manejo adecuado, transparente y verificable de los residuos de los municipios que utilizan sus instalaciones?

Si la respuesta es sí, correspondería demostrarlo con inspecciones, dictámenes, mediciones, registros y expedientes.

Si la respuesta es no, entonces habrá que determinar quién permitió que ocurriera y por cuánto tiempo.

Y si las acusaciones de los alcaldes son infundadas, también sería responsabilidad de las autoridades competentes aclararlo públicamente.

Lo que no parece suficiente es que una problemática que involucra dinero público, residuos sólidos urbanos, infraestructura municipal y posibles impactos ambientales termine convertida en un simple intercambio de responsabilidades entre instituciones.

El Congreso puede cargar con la responsabilidad de haber autorizado una concesión. Pero la operación cotidiana del relleno plantea otra discusión: quién vigila, quién inspecciona y quién responde cuando existen denuncias sobre su funcionamiento.

Mientras tanto, Los Colorines permanece en el centro de una controversia que ya dejó de ser exclusivamente administrativa.

Porque detrás de cada camión que llega al relleno hay recursos públicos; detrás de cada tonelada registrada existe un cobro; y detrás de cada irregularidad ambiental, si llegara a comprobarse, existe una responsabilidad que no puede desaparecer simplemente porque una institución decida mirar hacia otra parte.

La pregunta permanece sobre la mesa: ¿quién está vigilando realmente Los Colorines?

Redacción Reportaje Veracruzano