CHUMATLÁN BAJO LA LUPA: UNA BALACERA, DOS ALCALDES SEÑALADOS Y DEMASIADAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA
CHUMATLÁN, VER.- Una celebración patronal terminó bajo el estruendo de disparos y con una menor y un elemento policiaco presuntamente lesionados. Ahora, mientras la Fiscalía debe determinar quién disparó y cuáles fueron las responsabilidades penales, en Chumatlán comienza a crecer una pregunta que ninguna autoridad puede esquivar:
¿La ley se aplicó esa noche o alguien decidió que no era necesario hacerlo?
De acuerdo con reportes difundidos sobre los hechos, el alcalde de Coahuitlán, Isaac García Álvarez, habría sido señalado como la persona que realizó las detonaciones durante la fiesta patronal.
El señalamiento es de enorme gravedad, pero debe ser investigado y acreditado por las autoridades correspondientes.
Existe además una grabación difundida del momento posterior a las detonaciones, en la que se observa a una joven lesionada, mientras los testimonios sobre lo ocurrido colocan al alcalde de Chumatlán, Josué Sánchez Salazar, dentro del contexto de los acontecimientos.
Y es precisamente ahí donde la historia deja de ser solamente una denuncia sobre una presunta balacera.
Porque si existieron disparos, personas lesionadas y un presunto responsable identificado, la actuación de la autoridad municipal también debe quedar bajo escrutinio.
¿Se ordenó la detención?
¿Se aseguró algún arma?
¿Se preservó el lugar?
¿Fueron recolectados los casquillos?
¿Se elaboró un informe policial?
¿Quién tomó conocimiento de los hechos?
¿Se dio aviso inmediato a la Fiscalía?
¿Existe una carpeta de investigación?
Y, sobre todo:
¿Por qué el presunto responsable habría podido retirarse del lugar sin enfrentar una detención inmediata?
Son preguntas básicas en cualquier investigación seria.
No constituyen una sentencia contra nadie.
Constituyen preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder.
EL PODER NO PUEDE SER UNA SALIDA DE EMERGENCIA
En Reportaje Veracruzano no corresponde determinar culpabilidades desde una redacción. Esa facultad pertenece a las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia.
Pero tampoco corresponde guardar silencio cuando existen señalamientos que involucran a funcionarios públicos y posibles víctimas.
Si la investigación demuestra que todo ocurrió de manera distinta a como ha sido difundido, las autoridades tendrán la oportunidad de esclarecerlo.
Si, por el contrario, se acredita que existió una actuación irregular de algún funcionario para favorecer a una persona determinada, entonces el problema sería mucho más profundo.
Porque una cosa es que un hecho violento ocurra.
Y otra, completamente distinta, sería que alguien con poder hubiera conseguido que las consecuencias desaparecieran antes de que comenzaran las investigaciones.
Por ello, cualquier eventual señalamiento de encubrimiento, omisión o intervención indebida de funcionarios debe ser investigado con pruebas y no con rumores.
CHUMATLÁN NO PUEDE QUEDARSE CON LA DUDA
Durante años, la autoridad municipal ha representado para las comunidades la primera barrera frente al abuso y la violencia.
Por eso resulta indispensable que en un caso como éste no existan zonas grises.
Los habitantes de Chumatlán tienen derecho a saber qué ocurrió durante la fiesta patronal y qué hicieron sus autoridades cuando se reportaron las detonaciones y las lesiones.
No se trata de fabricar culpables.
No se trata de utilizar la política para linchar a nadie.
Se trata de impedir que el poder político se convierta en un salvoconducto frente a la ley.
Si alguien disparó, que se determine quién fue.
Si hubo personas lesionadas, que se investiguen las circunstancias.
Si existió un arma, que se establezca dónde está.
Si hubo evidencia, que se preserve.
Si hubo omisiones, que se investiguen.
Y si alguien intervino para impedir la actuación policial, que responda ante las autoridades.
Chumatlán no es tierra de nadie.
Tampoco debería ser tierra donde el apellido, el cargo, la amistad o el compadrazgo tengan más peso que una investigación ministerial.
Ahora corresponde a la Fiscalía hacer su trabajo y esclarecer los hechos con evidencia científica, testimonios, peritajes y actuaciones ministeriales.
Y corresponde a los gobiernos municipales explicar públicamente cuál fue su actuación.
Porque cuando una fiesta termina con disparos y personas heridas, el silencio de la autoridad también necesita explicación.
Redacción Reportaje Veracruzano
