Xalapa, Ver.- La fiscalización al sector educativo veracruzano abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno del Estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que la gobernadora Rocío Nahle García cuestionara la exigencia de entregar las listas de asistencia de todo el magisterio estatal.

Durante una entrevista radiofónica, la mandataria estatal calificó como inusual y difícil de atender el requerimiento, particularmente por las condiciones geográficas y de conectividad que prevalecen en numerosas comunidades de Veracruz.

Nahle relató que durante una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, planteó al auditor las dificultades que representa verificar mediante mecanismos electrónicos la asistencia de docentes que laboran en localidades rurales y apartadas.

“Usted no conoce Veracruz, no sabe todo lo que es trabajar allá”, habría señalado la Gobernadora al referirse al funcionario encargado de la fiscalización.

El argumento central de Nahle es que existen comunidades donde no hay conexión a internet, por lo que la implementación de sistemas electrónicos de control de asistencia no puede plantearse bajo las mismas condiciones que en zonas urbanas.

Pero la controversia no quedó solamente en la crítica.

La gobernadora aseguró que su administración cumplirá con el requerimiento y entregará la documentación solicitada, aun cuando implique movilizar grandes cantidades de archivos físicos.

“Yo voy a cumplir”, sostuvo, al explicar que prefiere entregar las listas antes que exponerse posteriormente a una observación administrativa por no haber proporcionado la información requerida.

Y lanzó un desafío directo al órgano fiscalizador:

“Se las voy a llevar a ver si es cierto que las van a revisar”.

La frase pone sobre la mesa una cuestión que trasciende el volumen de papel: qué tan eficiente puede resultar una auditoría cuando se solicita una cantidad masiva de documentación y, al mismo tiempo, se exige comprobar puntualmente el cumplimiento de obligaciones administrativas en un estado con una geografía particularmente dispersa.

De acuerdo con la propia Gobernadora, Bárbara Galindo y Miguel Reyes, responsables de atender los procesos de auditoría, ya trabajan en la recopilación de los documentos solicitados.

El requerimiento, señaló, incluso generó sorpresa entre integrantes del magisterio.

ENTRE LA FISCALIZACIÓN Y LA REALIDAD DEL TERRITORIO

El episodio exhibe una tensión recurrente en los procesos de fiscalización: la necesidad de comprobar documentalmente el uso y destino de los recursos públicos frente a las condiciones reales en las que operan las instituciones.

Veracruz cuenta con comunidades rurales, zonas serranas y localidades con dificultades de acceso y conectividad. En ese contexto, la discusión sobre las listas de asistencia no solamente implica reunir documentos: también obliga a revisar qué mecanismos de control son realmente aplicables en cada región.

La ASF, por su parte, tiene entre sus atribuciones revisar el ejercicio de recursos federales y solicitar la información necesaria para sustentar sus procedimientos de fiscalización.

Por ello, el punto de fondo será determinar si el volumen documental solicitado resulta necesario para acreditar el cumplimiento de las obligaciones auditadas y, eventualmente, qué conclusiones obtenga el órgano fiscalizador después de revisar la información.

MÁS ALUMNOS EN UNIVERSIDADES, MENOS EN PREESCOLAR

En la misma conversación, Nahle destacó el incremento de la matrícula en universidades e institutos tecnológicos de Veracruz, fenómeno que relacionó con la eliminación de cuotas escolares.

Sin embargo, reconoció un comportamiento diferente en el nivel preescolar, donde se registra una disminución en la matrícula.

La Secretaría de Educación de Veracruz analiza el fenómeno con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el objetivo de establecer si la reducción responde a cambios demográficos o a un problema relacionado con la deserción escolar.

NAHLE RECHAZA CIFRA DE 2 MIL 750 MILLONES

La Gobernadora también rechazó versiones periodísticas que atribuyen al Gobierno del Estado observaciones financieras por más de 2 mil 750 millones de pesos.

Según explicó, esa cantidad corresponde a señalamientos relacionados con 181 ayuntamientos veracruzanos, y no exclusivamente con la administración estatal.

Nahle sostuvo que las observaciones correspondientes al Gobierno del Estado serían por alrededor de 50 millones de pesos, y defendió que las acciones de su administración pueden ser comprobadas mediante las obras y programas ejecutados.

“Es tiempo de transparencia, de hablar y de rendición de cuentas”, afirmó.

El cruce con la ASF, sin embargo, deja una pregunta abierta: si el Gobierno de Veracruz está dispuesto a entregar “cajas y cajas” de documentación, la verdadera prueba será qué encuentra el órgano fiscalizador después de revisar el contenido de esas cajas.

Ahí estará la diferencia entre una exigencia burocrática y una fiscalización efectiva.

Redacción Reportaje Veracruzano