PATRULLA DE TIHUATLÁN ARROLLA A DOS MENORES; FAMILIARES DENUNCIAN QUE POLICÍAS SE DESENTENDIERON Y RECHAZARON PAGAR LOS DAÑOS
TIHUATLÁN, VER.- Una noche que debía terminar como cualquier otra terminó con dos adolescentes lesionados, una motocicleta dañada y una pregunta que vuelve a golpear directamente a la corporación policiaca de Tihuatlán: ¿quién responde cuando quienes deberían garantizar la seguridad terminan involucrados en un accidente y, de acuerdo con familiares, pretenden lavarse las manos?
Los hechos ocurrieron durante la noche del martes 29 de septiembre, cuando dos jóvenes, ambos menores de edad y primos, circulaban a bordo de una motocicleta con dirección hacia la zona de Caminos.
De acuerdo con la versión proporcionada por familiares, los jóvenes avanzaban sobre su trayectoria cuando una patrulla de la Policía Municipal de Tihuatlán habría realizado una maniobra de vuelta en “U”, considerada por los testigos como prohibida en ese punto, provocando el impacto contra la motocicleta.
El resultado no fue menor: los dos jóvenes terminaron severamente lesionados y requirieron atención prehospitalaria.
Pero el accidente, según denunciaron los familiares, habría tenido un segundo episodio todavía más cuestionable.
Aseguran que los propios policías involucrados no asumieron la responsabilidad en el lugar y que incluso los menores fueron obligados a levantar su motocicleta y colocarla a un costado de la carretera.
Cuando posteriormente arribó una aseguradora, la situación habría escalado: de acuerdo con los familiares, los representantes de la corporación manifestaron que no pagarían los daños derivados del choque, dejando a los afectados ante la incertidumbre sobre quién respondería por las consecuencias del accidente.
DOS MENORES LESIONADOS Y UNA CORPORACIÓN QUE, SEGÚN LOS AFECTADOS, SE LAVÓ LAS MANOS
La atención médica terminó recayendo en los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al sitio y trasladaron a los dos jóvenes a un hospital para que recibieran atención médica debido a las lesiones que presentaban.
Y mientras los menores eran llevados para recibir atención, familiares y vecinos intentaron recurrir a otra autoridad.
A escasos metros del lugar se encontraba una base de la Guardia Nacional, por lo que realizaron llamadas solicitando su intervención.
Según los familiares, los elementos nunca llegaron al sitio.
Esa ausencia generó molestia entre los afectados, quienes cuestionaron por qué una corporación federal ubicada prácticamente en las inmediaciones no acudió ante el llamado de auxilio.
Algunos de los presentes incluso expresaron su sospecha de que pudiera existir algún tipo de contubernio para evitar consecuencias, aunque hasta el momento esa acusación no ha sido acreditada públicamente y deberá ser investigada por las autoridades competentes.
¿QUIÉN VIGILA A QUIENES VIGILAN?
El caso vuelve a colocar bajo la lupa el desempeño de las corporaciones municipales de la zona.
En los últimos meses también se han registrado accidentes en los que se han visto involucradas patrullas de corporaciones municipales de Tihuatlán y Poza Rica, situaciones que han provocado daños materiales y reducido la disponibilidad de unidades para las labores de vigilancia.
Pero el problema trasciende una patrulla golpeada.
Una unidad oficial representa recursos públicos. Es decir, dinero de los ciudadanos.
Y cuando una patrulla participa en un accidente, las preguntas son inevitables: ¿quién conducía?, ¿tenía autorización para realizar la maniobra?, ¿existió alguna infracción al reglamento?, ¿se levantó el peritaje correspondiente?, ¿quién pagará los daños?, ¿se inició una investigación administrativa?, ¿qué autoridad supervisará que no exista abuso contra los afectados?
Porque una placa oficial no debería convertirse en un salvoconducto.
Y un uniforme tampoco debería significar que los ciudadanos tengan que agachar la cabeza cuando ocurre un accidente.
Si se confirma que los hechos ocurrieron como los relatan los familiares, entonces no estaríamos solamente frente a un accidente vial, sino ante una situación que exigiría responsabilidades administrativas y, en su caso, legales.
La Policía está para hacer cumplir la ley, no para colocarse por encima de ella.
Los afectados son menores de edad.
La patrulla pertenece a una corporación municipal.
Y ahora corresponde a las autoridades explicar, con documentos y no con discursos, qué ocurrió realmente aquella noche, quién provocó el impacto, por qué no se habría asumido la responsabilidad y qué autoridad investigará el caso.
Porque cuando un ciudadano común se equivoca al volante, la ley suele alcanzarlo.
La pregunta incómoda es si esa misma regla funciona cuando quien está detrás del volante lleva una patrulla y un uniforme oficial.
Redacción Reportaje Veracruzano
