Nanchital: despidos, carencias y un salario bajo la lupa sacuden al gobierno de José Luis Pérez Salinas
Nanchital, Ver.- En Nanchital el conflicto dentro del Ayuntamiento subió de tono. A nueve meses de iniciada la administración de José Luis Pérez Salinas, cuatro funcionarios fueron separados de sus cargos y, al menos dos de ellos, aseguran que hasta el momento no recibieron una explicación formal sobre las razones de su salida.
Entre los funcionarios removidos se encuentran María Elizabeth Barrales Aguirre, quien estaba al frente de la Casa de Cultura, y Juan Antonio Valdez Martínez, director de Protección Civil. Ambos sostienen que durante su gestión tuvieron que enfrentar carencias de presupuesto y equipo, e incluso recurrir a recursos propios para mantener funcionando sus respectivas áreas.
El caso de la Casa de Cultura resulta particularmente llamativo. Barrales Aguirre aseguró que recibió las instalaciones prácticamente sin actividad y que durante los nueve meses que permaneció al frente consiguió poner en marcha 16 talleres, entre permanentes y temporales. También señaló que adquirió materiales y realizó algunas adecuaciones con recursos propios y mediante donaciones.
En Protección Civil, Juan Antonio Valdez Martínez relató que encontró unidades con deficiencias para operar y una plantilla reducida. Según su versión, ante la falta de recursos gestionó equipo y apoyos externos para mantener las operaciones de la corporación.
Pero hay un dato que vuelve todavía más incómoda la salida del funcionario: de acuerdo con su propio relato, horas antes de ser separado del cargo había conseguido gestionar ante el Gobierno del Estado una pipa con bomba de alta presión para fortalecer las labores de Protección Civil.
La lista de movimientos también incluye a Óscar Guillermo Hernández García, exdirector de Asuntos Religiosos, quien previamente señaló públicamente un presunto incidente con un elemento de seguridad del alcalde y afirmó haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. También fue separado René Valdez, quien se desempeñaba como director de Alumbrado Público.
Hasta ahora, las versiones publicadas sobre estos movimientos coinciden en que los exfuncionarios cuestionan la falta de una explicación formal sobre sus despidos, mientras que la administración municipal no ha hecho pública, al menos en la información consultada, una explicación detallada que permita conocer las razones de cada separación.
Y mientras el Ayuntamiento enfrenta este nuevo episodio, sobre el gobierno de Pérez Salinas permanece otro asunto que ya había provocado una revisión pública: el monto de las percepciones del alcalde y del cabildo.
En abril de 2026, la gobernadora Rocío Nahle señaló que el ingreso del alcalde de Nanchital superaba el suyo y anunció que solicitaría al ORFIS revisar el gasto corriente y las percepciones del Ayuntamiento. El salario mensual reportado para la gobernadora era entonces de 84 mil 750 pesos.
Pérez Salinas respondió que su percepción era de 45 mil pesos quincenales, es decir, alrededor de 90 mil pesos mensuales, y rechazó las cifras que circulaban en redes sociales. Sin embargo, también existen reportes basados en información de transparencia que manejan montos diferentes, por lo que el tema de las percepciones quedó sujeto a revisión y a la documentación oficial correspondiente.
Así, mientras cuatro funcionarios salen de la estructura municipal y dos de ellos cuestionan públicamente las condiciones en las que desempeñaron su trabajo, Nanchital vuelve a poner sobre la mesa preguntas incómodas: ¿por qué fueron separados?, ¿qué evaluación se hizo de sus áreas?, ¿qué ocurrió con los proyectos que dejaron en marcha?, ¿y bajo qué criterios se están tomando las decisiones dentro del Ayuntamiento?
Son preguntas que ahora tendrán que responderse con documentos, transparencia y, en su caso, ante las instancias correspondientes.
