Xalapa, Ver. — La práctica de apoderarse de mercancías después de un accidente carretero podría convertirse en un delito específico en Veracruz, luego de que las Comisiones Unidas del Congreso del Estado aprobaran un dictamen que propone incorporar el artículo 208 Bis al Código Penal estatal.
La iniciativa plantea sancionar a quienes aprovechen la vulnerabilidad generada por un accidente de tránsito, una volcadura o alguna otra situación de emergencia para sustraer mercancías de vehículos involucrados.
De aprobarse en el Pleno, las personas responsables podrían enfrentar penas de dos a cinco años de prisión, además de multas que irían de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con los valores señalados en la propuesta, las sanciones económicas representarían aproximadamente 11 mil 731 a 58 mil 655 pesos.
El objetivo de la modificación es establecer una consecuencia penal específica para este tipo de conductas y, de acuerdo con la exposición de la iniciativa, proteger tanto las mercancías como a las personas que resulten afectadas en un accidente.
Otro de los argumentos es evitar que la presencia de personas ajenas en la zona de un siniestro complique las labores de rescate, atención médica, seguridad y recuperación de los productos transportados.
La propuesta fue impulsada originalmente por el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, de Morena, en un contexto marcado por denuncias relacionadas con robos y saqueos en distintos puntos de las carreteras veracruzanas.
Entre los corredores señalados como zonas de atención se encuentran la autopista 145D La Tinaja–Cosoleacaque, particularmente entre los kilómetros 43 y 85; la autopista Puebla–Córdoba; el libramiento Perote–Banderilla, así como el tramo Buenavista–Tuxtepec.
También aparecen dentro del panorama señalado municipios como Cosamaloapan y Tierra Blanca, donde se han registrado problemáticas relacionadas con la seguridad en las vías de comunicación.
La discusión sobre la llamada rapiña carretera ocurre mientras autoridades federales continúan reportando investigaciones por delitos relacionados con el transporte y las vías de comunicación en Veracruz. Por ejemplo, durante 2026 la Fiscalía General de la República informó sobre una orden de aprehensión relacionada con ataques a vías generales de comunicación y robo en Acultzingo.
En otro caso, la FGR reportó en 2025 una sentencia de 40 años de prisión contra dos personas por robo de autotransporte federal y secuestro exprés, derivado de hechos ocurridos en la carretera Veracruz–Poza Rica.
El dictamen aprobado por las comisiones todavía no representa una reforma vigente. El siguiente paso será su discusión y votación ante el Pleno del Congreso de Veracruz, donde los legisladores determinarán si la propuesta obtiene la aprobación definitiva.
De concretarse la reforma, la conducta conocida popularmente como rapiña dejaría de abordarse únicamente desde las figuras delictivas existentes que pudieran resultar aplicables y contaría con una disposición específica dentro del Código Penal estatal.
La decisión final corresponderá al Pleno del Congreso del Estado.
Redacción Reportaje Veracruzano
