Veracruz, Ver.- Las deficiencias en los servicios básicos, la seguridad interna y las condiciones para la reinserción social colocaron al sistema penitenciario de Veracruz bajo la lupa de los organismos de derechos humanos. De los 18 centros evaluados en la entidad, 14 reprobaron en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El informe otorgó a Veracruz una calificación promedio de 5.38 sobre 10, resultado que refleja las dificultades que persisten en los establecimientos carcelarios para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.

Las observaciones abarcan desde deficiencias en atención médica y alimentación hasta problemas de alojamiento, falta de personal de custodia y limitaciones en las actividades educativas y de capacitación orientadas a la reinserción social.

TUXPAN, EN EL ÚLTIMO LUGAR DE LA EVALUACIÓN

Entre los resultados más desfavorables destaca el Centro Penitenciario de Tuxpan, que obtuvo apenas 3.89 puntos, la calificación más baja de los 18 establecimientos veracruzanos incluidos en el diagnóstico.

El resultado lo coloca como uno de los casos que requieren atención prioritaria, debido a las deficiencias identificadas en materia de servicios médicos, alimentación, vigilancia e instalaciones.

Poza Rica también figura entre los centros con peor desempeño. Su calificación de 4.37 puntos lo ubicó en el tercer lugar entre los establecimientos con las notas más bajas, después de Tuxpan y Chicontepec, que obtuvo 4.30.

En el caso de Poza Rica, el diagnóstico documentó señalamientos relacionados con autogobierno o cogobierno, actividades ilícitas y cobros vinculados con presuntas extorsiones y sobornos. Estos aspectos representan focos de atención por sus posibles implicaciones en la seguridad y el control de la población penitenciaria.

COATZACOALCOS TAMPOCO SUPERA LA EVALUACIÓN

El Centro de Reinserción Social Duport Ostión, en Coatzacoalcos, alcanzó una calificación de 5.68 puntos sobre 10, insuficiente para aprobar la evaluación.

Durante la supervisión, el penal registró mil 606 personas privadas de la libertad, frente a una capacidad autorizada de mil 632 espacios. Aunque la población se encontraba por debajo del límite instalado, la CNDH identificó deficiencias que van más allá de la disponibilidad de lugares.

Entre los aspectos observados se encuentran los servicios médicos, la alimentación, las condiciones de alojamiento, la capacitación del personal de custodia y la integración de expedientes técnico-jurídicos.

También se detectaron problemas en la clasificación de las personas internas, un procedimiento fundamental para determinar condiciones adecuadas de estancia y evitar que la convivencia penitenciaria se desarrolle sin criterios suficientes de separación y organización.

ACAYUCAN OBTIENE MEJOR NOTA, PERO MANTIENE PENDIENTES

En contraste, el Centro de Reinserción Social de Acayucan consiguió 6.12 puntos, una evaluación superior a la de Coatzacoalcos y suficiente para colocarlo entre los cuatro establecimientos veracruzanos que alcanzaron seis puntos o más.

Sin embargo, la calificación tampoco representa una evaluación plenamente satisfactoria. Entre las deficiencias reportadas figuran problemas en la separación entre hombres y mujeres, así como carencias en las actividades educativas y deportivas.

El resultado evidencia que incluso los centros con puntuaciones relativamente mejores mantienen aspectos pendientes en áreas esenciales para el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los objetivos de reinserción social.

SOBREPOBLACIÓN EN 11 PENALES Y HACINAMIENTO EN 12

Otro de los indicadores relevantes del diagnóstico es la presión sobre la infraestructura penitenciaria estatal.

Los 18 establecimientos evaluados tenían capacidad para albergar a 7 mil 803 personas, pero durante la supervisión se contabilizaron 8 mil 669 internos. La diferencia fue de 866 personas por encima de la capacidad instalada.

El informe también identificó sobrepoblación en 11 centros y hacinamiento en 12, dos situaciones que pueden agravar las dificultades para garantizar servicios adecuados, condiciones de alojamiento dignas y una convivencia segura.

Aunque ambos conceptos están relacionados, no son equivalentes: la sobrepoblación implica rebasar la capacidad disponible, mientras que el hacinamiento se vincula con condiciones de ocupación que comprometen el espacio y la habitabilidad.

Los resultados del diagnóstico colocan sobre la mesa la necesidad de revisar no solamente la infraestructura, sino también los mecanismos de vigilancia, la disponibilidad de servicios básicos, la preparación del personal y las condiciones reales en las que se desarrollan los procesos de reinserción social.

Con 14 centros penitenciarios reprobados, Veracruz enfrenta el desafío de convertir las observaciones de la CNDH en medidas correctivas verificables, particularmente en los establecimientos que obtuvieron las calificaciones más bajas.